En los últimos días existen algunos sucesos que de nuevo llaman a la reflexión en torno a la estrategia del gobierno nacional, y en general, de algunos países latinoamericanos para combatir el problema del narcotráfico y su capacidad de desestabilización y corrupción institucional. En Colombia por ejemplo, el año pasado las “bandas criminales” o neo paramilitares, realizaron más ataques que las FARC y el ELN juntos (estos dos grupos también financiados por el narcotráfico); en México, el año 2010 pasará a la historia como el más violento de sus últimas décadas,  con aproximadamente 15.273 muertes vinculadas a la guerra entre carteles; y en el caso de Venezuela, el último  Informe Mundial de Drogas 2010 (World Drug Report), lo señala de ser el principal “punto de origen de más de la mitad de los cargamentos de cocaína interceptados en el Atlántico entre el 2006 y el 2008”, así como el origen de “todos los envíos aéreos clandestinos de cocaína detectados en África occidental”.

El panorama actual, dentro de su complejidad, en el fondo evidencia la incapacidad del reduccionismo propio de la política prohibicionista para atacar el fenómeno del narcotráfico, así como las limitaciones de los distintos gobiernos de establecer, dentro de ese marco, estrategias sostenibles material y económicamente.  En ese contexto, surge de nuevo el debate respecto a la legalización como política de eliminación del fenómeno, y como medida sensata en medio del escalamiento de las acciones de organizaciones criminales en algunos países del continente.

El numero de variables que incluye una discusión en torno a la legalización, excede por su propia naturaleza las capacidades operativas, materiales e institucionales de un gobierno, para adentrarse en el campo del sistema político. En el caso colombiano, solo una discusión honesta, puede contemplar dentro de las distintas alternativas la posibilidad de dar inicio a un proceso de legalización de la droga y el apersonamiento de la cadena de producción de esta en cabeza del estado. La voluntad de discutir la implementación de medidas de este tipo, a pesar de que choquen con ópticas foráneas, especialmente dirigidas desde Washington, puede servir como preámbulo para cerrar un capítulo de descomposición social que en Colombia ha durado décadas y que no solamente ha pulverizado grandes sumas de dinero a través de los años, sino sobretodo ha ocasionado la pérdida de un número inconmensurable de vidas humanas, sufrimiento, desplazamiento, y en general una poderosa transmutación de valores que conforman lo que en otras épocas significaba el ser colombiano, o incluso latinoamericano.

Probablemente uno de los abordajes recientes más audaces como iniciativa, pero descontextualizados como medida, se dio el año pasado en el estado de California. En contra de airadas proyecciones de la base republicana, una gran proporción de ciudadanos (44%), se manifestó a favor de la legalización de la marihuana con fines comerciales. Aunque la experiencia deja el antecedente irrefutable del criterio de las sociedades en el evento de tomar por ellas mismas decisiones que los legisladores o los grupos de poder político evaden, no deja de llamar a preocupaciones, dados los grandes intereses corporativistas que con veladas campañas en diversos medios, buscaron viciar los resultados del referendo, evidenciando de nuevo el doble filo de proceder a implementar procesos de legalización incompatibles con un sistema político mas aséptico y realmente democrático.

Hoy en día en Colombia ante los últimos sucesos relacionados con el escalamiento de la violencia en cabeza de antiguas estructuras paramilitares, en lo que eufemísticamente el gobierno llama las bandas criminales, surge de nuevo como pregunta valorar el alcance que tienen los recursos y las capacidades del estado para contrarrestar la reorganización del negocio del narcotráfico como fuente principal de financiamiento de guerrillas, paramilitares y delincuencia organizada. Si la respuesta a esta pregunta delata la incapacidad del prohibicionismo, es necesario entonces que desde la presidencia de la república, en un llamado nacional se abra una discusión participativa, pública, democrática y honesta respecto a la legalización, y bajo esta premisa, se aborde de una vez el tema de; si Colombia debe seguir replegada a los intereses de Estados Unidos, o si es momento para que junto una serie de medidas paralelas defina el rumbo que quiere seguir como nación, tanto en lo que concierne al manejo del narcotráfico, como en lo que refiere a su estructura política, social e institucional.

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Renny Rueda Castañeda