El 29 de diciembre del año 2010, en horas de la noche, el actual ministro de defensa Rodrigo Rivera, en el programa pregunta Yamid, de CM&, presentó un balance de su cartera con el que sugirió demostrar reveladores progresos en materia de seguridad en Colombia. La entrevista, que bien pudo haber pasado desapercibida, no lo es al contemplar el contraste de la imagen que la actual y la anterior administración tienen respecto a la noción de seguridad, y la cifras reales en materia de homicidios, que arrojan recientes estudios e informes, incluidos los del gobierno nacional.

El día jueves 30 de diciembre, en una alocución a nivel nacional, el presidente Juan Manuel Santos expresó en su discurso, que al finalizar el año, se registraron aproximadamente 580 muertes violentas menos que en el 2009, y que por ello Colombia, va y seguirá bien. Lo que el ministro Rivera, y el actual mandatario no ponen en contexto, es el hecho de que el año pasado, según el Informe Forensis 2009 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el país registró el mayor número de homicidios contabilizados desde el 2003, con una cifra total de 17.672 personas muertas, aproximadamente 3.534 homicidios más que en el año 2004, cuya cifra fue de 14.038.

Si se comparan las cifras del gobierno nacional, con las del Instituto de Medicina Legal, luego de más de 8 años de la política de seguridad democrática, Colombia cierra el año 2010, con aproximadamente, un total de 17.092 muertes violentas, la cifra más alta desde el año 2004, con excepción del año 2009. Lo anterior, debe valorarse, a la luz de que el descenso en muertes violentas, registrado en el periodo 2002-2003, no se debió exclusivamente a las acciones militares y de control del territorio lideradas por la fuerza pública, al inicio de la administración de Álvaro Uribe, sino también al acelerado descenso de la tasa de homicidios en Medellín como consecuencia del poderío de “Don Berna”, luego de recuperar territorios antiguamente bajo control del Bloque Metro y las milicias guerrilleras. En esos 2 años, Medellín, la ciudad que encabezaba el registro del año 2002, disminuyó su tasa de 177.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, a 56, en el año 2004, lo que significó un descenso en el número total de homicidios a nivel nacional de 2.267 casos.

Pretender, como se ha afirmado en declaraciones anteriores, que Colombia se encuentra en este momento en el principio del fin de las confrontaciones contra la narco delincuencia, llámese guerrilla, paramilitares o bandas delincuenciales, por una reducción en las cifras de criminalidad comparativa con el año 2009, es asumir una posición que no se concilia con la realidad de la última década. Si bien es cierto la política de seguridad del presidente Uribe ha implicado descensos en las cifras de delincuencia a nivel nacional, también es cierto que en los últimos 6 años, a pesar de los esfuerzos de la fuerza pública, no se ha logrado continuar con la misma tendencia, con un sustancial ascenso de las muertes violentas en el 2009, que pese a los esfuerzos del último año, no logran presentar un verdadero punto de inflexión.

A pesar de los notorios reveses experimentados por las FARC y las estructuras paramilitares en Colombia, la situación de orden público actual aún plantea serios interrogantes. Aunque en los últimos 8 años, el pie de fuerza de soldados profesionales pasó de 21.908 miembros a 89.918, la evolución anual del número de miembros de la fuerza pública fuera de combate (heridos o muertos), presenta durante el año 2009 y 2010, cifras muy similares a las de los años anteriores.

El informe Logros de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, de la Dirección de Estudios Sectoriales del Grupo de Información Estadística del Ministerio de Defensa, con corte a Junio del año 2010, relaciona como el número de miembros de la Fuerza Pública, asesinados en actos de servicio, del año 2009, superó en un 25%, el resultado del año 2008, pasando de 373 a 468 asesinatos. La misma cifra, a junio del año 2010, llegaba a los 204 asesinatos, lo que podría implicar, si bien una probable mejora respecto al 2009, una cifra al cierre del año superior a la del 2008.

Adicionalmente, en el número de miembros de la fuerza pública heridos en actos de servicio, el resultado del año 2009 – 1.852 heridos – supera el número de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. A junio del año 2010, el número de heridos en actos de servicio, se estima en 1.043, lo que preocupa, dado el potencial incremento incluso frente al año 2009, y probablemente a lo largo de la década.

Lo que las cifras principalmente evidencian, es que desde hace 2 años, y contra muchos pronósticos del gobierno de ese momento, se ha presentado un recrudecimiento de la violencia cuya más clara manifestación se evidencia tanto en las muertes de civiles, como de miembros de la fuerza pública. En ese panorama, es difícil no considerar que las recientes declaraciones del gobierno nacional puedan percibirse mas como una retórica propaganda, que como una objetiva descripción de la situación de orden público.

La reorganización de antiguas macro estructuras delictivas en descentralizadas organizaciones de narcomenudeo, el mantenimiento de condiciones de producción y exportación de cocaína a nivel nacional, que estimula la pervivencia de redes de corrupción, y el incremento desde el año 2008 de indicadores de violencia en algunas ciudades del país, especialmente en Medellín y Calí, deben convertirse en un motivo, para que desde el gobierno nacional se haga una seria y despolitizada apreciación de la supervivencia de estructuras narco criminales en Colombia, que mediante distintos mecanismos pretenden subvertir un orden que a pesar de logros de la última década, ponen aún hoy en día en serios aprietos de seguridad, tanto a la ciudadanía, como a la fuerza pública y en general al estado. Finalmente es necesario también preguntarse, hasta que punto la nación podrá en escenarios futuros prolongar el mantenimiento de un presupuesto en defensa, a todas luces desproporcionado respecto al resto de cuentas nacionales, y soportado parcialmente durante años por Washington, cuya aparentemente única y exclusiva solución al problema del narcotráfico radica en un prohibicionismo oportunista, que a lo largo de los años ha significado miles de muertos en Colombia -ahora también en México y Venezuela-,  un constante incremento del consumo, y un descenso histórico de los precios de la droga en el país del norte.

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Renny Rueda Castañeda