La presente carta tiene por finalidad realizar un análisis respecto a la declaración denominada “Acuerdo Nacional por la Paz”, dada a conocer por el ELN en video publicado el día 20 de Octubre, difundido en las páginas de este diario el día 3 de noviembre.

En primer lugar, es necesario reconocer en su declaración una actitud distinta, probablemente más mesurada, a la evidenciada en última declaración enviada por la comandancia de las FARC, reconociendo, en la medida del escepticismo propio que acompaña a la población colombiana respecto a las declaraciones de la guerrilla en Colombia, que implícitamente se puede suponer una mayor disposición a hallar mecanismos que posibiliten definitivamente el cese de hostilidades, tan pertinente para ustedes como para el gobierno nacional en la coyuntura política actual del país. Como se ha expresado en este espacio, en entradas anteriores, la administración de Juan Manuel Santos, a pesar de los antecedentes programáticos representados en la administración Uribe, participa como ningún otro gobierno de la historia reciente de una combinación de apoyo popular con una ideológicamente discreta  y a la vez práctica política exterior, que le ha permitido restablecer relaciones con países de distintas vertientes políticas como Venezuela o Ecuador, lo que facilita la generación de confianza en el sentido de encontrar puntos de consenso mutuo que permitan acuerdos destinados a la cesación de hostilidades y el logro efectivo de la paz. De alguna forma, gran parte de la opinión pública reconoce la situación, y por ello, se puede prestar para acompañar el proceso con una menor exacerbación de ánimos que la presentada en los periodos presidenciales previos.

En segundo lugar, es necesario mencionar que sobre el intercambio de posturas, existentes entre el ELN y el gobierno nacional, existen elementos que implican de ustedes, de una forma que se concilie con sus propios intereses, manifestaciones claras de una voluntad de paz, corporeizadas en cuatro variables, la liberación incondicional de secuestrados, la entrega efectiva y organizada de personal menor de edad en sus filas, la ubicación y proceso coordinado de desmonte de las minas anti personas  atribuidas a su organización en las zonas de influencia de la misma, y finalmente la desmovilización del personal reconocido como miembro.

Los puntos anteriores, se intuye claramente, son medidas que implican de parte de ustedes un esfuerzo, que desde su perspectiva deberá conciliarse con actos del gobierno nacional. Al respecto es necesario mencionar que el vicepresidente Angelino Garzón, en declaraciones emitidas con ocasión de su propuesta, manifestó la decisión del inicio de diálogos en consonancia con el cumplimiento de ustedes de las normas de Derecho Internacional Humanitario. La situación, aunque en principio pueda parecer compleja, no lo es tanto si se tienen en cuenta las voluntades de ambas partes en el sentido de cumplir ordenadamente con “etapas de avance”, a definir en el momento en el que se presenten contactos públicos o de carácter privado con el gobierno nacional. En términos generales, el grado de complejidad que se puede estimar de un proceso de desmovilización del ELN, es mucho menor que el grado de complejidad derivado del supuesto de un proceso de desmovilización de las FARC, y del proceso de desmovilización de personal considerado como parte de las estructuras paramilitares, durante la administración de Álvaro Uribe.

En tercer lugar, es necesario mencionar un punto que probablemente facilite el proceso de cese de hostilidades del ELN, más que ningún otro caso de desmovilización reciente, y es el relacionado con el hecho de que en la actualidad, la justicia Colombiana, a diferencia de los antecedentes presentados en los casos de desmovilización de las estructuras paramilitares, y de una eventual desmovilización de las FARC en Colombia; no registra procesos judiciales por narcotráfico. Lo anterior, facilita acciones destinadas a legitimar toda negociación surgida, tanto jurídica como políticamente, de cara tanto a la opinión pública nacional como internacional. Hoy en día, los convenios internacionales en materia de extradición firmados por Colombia, estipulan claramente sanciones destinadas a atacar tanto a personas como organizaciones a las que se les siguen juicios por narcotráfico tanto nacionalmente como en otras jurisdicciones. Para cualquier observador, las garantías jurídicas del gobierno colombiano, distan sustancialmente de las ofrecidas por las instituciones de administración de justicia de otros territorios, lo que convierte la situación judicial del ELN a la fecha, en un escenario de operación tangible destinado a excluir la extradición como variable de discusión  en el proceso de negociación y cese de hostilidades.

Para finalizar, en términos generales, se considera que la declaración puede ser acogida de forma prudente pero positiva, augurando sobre la marcha encontrar la combinación tanto de un intercambio de agendas entre las partes como del cumplimiento de acciones unilaterales del ELN, y descartando el escenario de una asamblea, como figura de transformación política y social, dadas las sustanciales diferencias de contexto actual respecto a los procesos de negociación de la administración Barco. No obstante este último punto, la iniciativa expresada en la declaración se justifica por sí misma, y si existe verdadera voluntad para poner fin a las hostilidades, hay mucho trabajo por hacer.

Independientemente de las decisiones que se acuerden, a la fecha, queda claro en el ambiente que la acción guerrillera está en tangible proceso de desaparición militar, organizacional, discursiva y estratégica; si bien es cierto abundan en el presente problemáticas estructurales, de difícil abordaje político e institucional, también es cierto que la complejidad de la política actual reclama del concierto, desde campos reales de poder, de posturas que planteen legítimamente estos cambios, y que generen en la población civil las afinidades necesarias para jalonarlos, y no el rechazo justificado de quienes aborrecen la violencia en todas sus formas.

Desde Bogotá.

Renny Rueda Castañeda.

El autor contesta inquietudes o sugerencias en el correo rruedac.opinion@gmail.com

Renny Rueda Castañeda

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