Yo soy usuario de Claro. Al saber de esta noticia, he tomado una decisión en solidaridad con los promotores del Apagón: de ahora en adelante, y hasta tanto esa investigación no se archive y Claro no le pida disculpas a sus clientes por quererlos intimidar de esta forma, no voy a usar mi teléfono celular entre las 11 am y la 1 pm ningún día de la semana. Además, invito a todos mis familiares, amigos, conocidos, lectores no conocidos, a todos los colombianos, a no usar su teléfono celular, si es de Claro, y a no llamar a ningún teléfono celular de Claro entre las 11 am y la 1 pm ningún día de la semana.

El mundo no se va a acabar si tenemos que posponer dos horas las llamadas que tengamos que hacer. Además, una vez se sepa que pertenecemos al grupo de los que apoyamos el Apagón, nadie va a llamarnos ni nos va a reclamar por no llamar durante esas dos horas. En caso de que fuera absolutamente necesario hacer llamadas durante ese tiempo, entonces sugiero a la persona que esté en esa situación que adquiera un servicio prepago con otro operador para hacer sus llamadas y que le pida a su destinatario que haga lo propio para evitar cualquier comunicación a través de las líneas de Claro.

Todo esto tiene origen en la iniciativa del concejal William Moreno, quien invitó a realizar un Apagón contra Claro el día 30 de abril. ¿Por qué? Por dos razones: la primera, luego de haber sido vencida en juicio, esta compañía ha quedado obligada a pagarle a la ETB la suma de 134 mil millones de pesos. Hasta la fecha, de acuerdo con información pública, Claro no ha querido pagar ni un peso. La segunda razón del Apagón contra Claro es su mal servicio: quejas de usuarios acerca de llamadas que se caen constantemente, navegación muy lenta en internet, limitaciones al streaming para transmitir video, etc.

A la injuria, ahora Claro le añade el insulto. Y lo hace con el fin de inducir miedo a protestar. Ni que la acción del Apagón contra Claro fuera ilegal. No es ni siquiera un acto de desobediencia civil. Sus promotores y realizadores actuaron siempre civilmente, pero no violaron la ley. Hicieron un acto de protesta absolutamente legítimo y legal. Por eso no tengo duda alguna de que lo que corresponde en este momento es solidarizarse enteramente con su causa, pero hacerlo de verdad: con actos, no meramente con palabras. Por eso reitero mi invitación: hasta el día en que se archive la investigación penal que esta compañía celular ha promovido contra los promotores el Apagón contra Claro y hasta el día en que sus directivos le pidan disculpas al público por este acto abusivo de intimidación, no usemos el teléfono celular para llamar desde un número de Claro o a un número de Claro.

Digo hipócrita porque esa mayoría se muestra celosa defensora de la moral y respetuosa de las mayoría ciudadana, pero sus actos dicen todo lo contrario.

Una relación consentida entre dos personas del mismo sexo es legal y podemos dar argumentos en favor de su moralidad. Lo que es inmoral desde todo punto de vista es que una persona tenga una relación no consentida con otra, en particular, cuando esa otra es, para hablar en términos legales, incapaz. Una niña es una persona incapaz porque no puede dar su consentimiento a una relación con un adulto. No importa lo que nos quieran hacer creer algunos malos intérpretes de Lolita de Vladimir Nabokob. Una relación con una niña es una relación no consentida.

Es francamente penoso que uno de los adalidades de la moralidad en estos temas, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sea la misma persona que se muestra laxa frente al fenómeno de la pederastia. Porque es laxitud pedirle a dos miembros de la Iglesia Católica, cuestionados por evitar la sanción judicial de sacerdotes pederastas, que oficien las ceremonias religiosas en las cuales contrajeron matrimonio sus dos hijas.

Yo no puedo aceptar argumentos morales en contra del matrimonio igualitario de personas que callan frente al fenómeno de la pederastia. ¿Cuál de los 51 senadores que votaron en contra del proyecto de matrimonio igualitario ha dicho “esta boca es mía” en relación con los crímenes cometidos por miembros del clero católico contra menores de edad a su cargo en instituciones educativas o religiosas? Que yo sepa, ninguno.

No tengo a la mano el registro de la votación de hoy para poder compararla con las votaciones en el Congreso acerca de tres reformas inconstitucionales: la que desdibujaba la carrera administrativa, la que abolió el conflicto de intereses en el trámite de los cambios constitucionales y la infame reforma a la justicia. Sin embargo, apuesto que, por lo menos, el 90 por ciento de los senadores que negaron el matrimonio igualitario le dieron su aprobación a esas reformas constitucionales. Que no nos echen el cuento que lo que han hecho es responder a la voluntad de la mayoría.

Sin duda, la opinión está dividida sobre el tema. Una encuesta de elespectador.com proporciona buena evidencia de este clima de división. La encuesta preguntaba si uno apoyaría o no a un familiar o amigo que decidiera casarse con una persona del mismo sexo. A las 7 pm del 24 de abril de 2013, la respuesta a favor del sí era del 52.6% y la del no 47.4%. Estas cifras no son representativas de la opinión general porque no todos los lectores de El Espectador leen su edición digital, no todos los lectores leen El Espectador y no todos los ciudadanos son lectores de periódicos. Mas sin embargo, como ya lo dije, esta encuesta es un indicador de la división de la opinión.

Es, desde todo punto de vista, un abuso de los porcentajes, que el senador Gerlein diga que el proyecto fue rechazado porque en Colombia la proporción de heterosexuales es del 80%. La falacia del senador Gerlein consiste en hacernos creer que una persona heterosexual solamente estará a favor de una clase de unión: la de heterosexuales. Esto es falso como lo demuestran muchos testimonios de personas heterosexuales a favor del matrimonio homosexual.

Nota acerca de la moralidad de las uniones entre personas del mismo sexo: arriba dije que podemos dar argumentos en favor de la moralidad de estas uniones, en vez de decir de una vez que esas uniones son morales. Lo hice en consideración al hecho de que algunas personas pueden encontrar inmoral que haya uniones basadas en tener relaciones sexuales que no tengan como fin la procreación. Esa es su moralidad. Sobre esas personas no quiero imponer la mía. Pero tampoco quiero que me impongan la suya. Aquí, aclaro, me refiero a la moral individual en el sentido de valores a los que uno adhiere para alcanzar su realización personal. Como tal, la moralidad así definida es un asunto individual.

Empero, hay otro sentido de moral cuando nos referimos a las razones que nos asisten para justificar la aprobación de una ley que establezca un trato igualitario para las uniones heterosexuales y homosexuales. Es la moral de los deberes y derechos que tenemos todos los miembros de una comunidad política, que es la que ha quedado cristalizada en un acuerdo político que llamamos constitución.

Uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución Política es la igualdad y el derecho a no ser discriminado. Ese principio y ese derecho son los que son flagrantemente violados por un régimen que impide a personas del mismo sexo formalizar su unión en un matrimonio y que tampoco les permite, independientemente de si están o no en una unión, realizar adopciones. Desde este punto de vista, el régimen actual de matrimonio y adopción es inmoral. Desde este mismo punto de vista, también podemos decir que no queremos imponer nuestra moralidad sobre los demás. Queremos que se le dé efectiva aplicación a la moralidad consagrada en la Constitución.

Coda: la hipocresía de la mayoría en el Senado también tiene que ver con algunas cosas dichas acerca de la sexualidad. Es inconsistente que cuestionen las relaciones homosexuales porque no tienen como fin la procreación y que absuelvan sotto voce las relaciones heterosexuales “recreativas”. Bien lo han expresado varios críticos de Gerlein y compañía: muchas relaciones heterosexuales son tan recreativas como las homosexuales.

Una de las desgracias de cierta izquierda latinoamericana es su inconsistencia. Hace exactamente lo mismo que le reprocha a la derecha. Cuando está en la oposición, habla del respeto a las reglas de juego y de la importancia de los límites del poder. Pero cuando concuerda con el gobierno o cuando ella misma es gobierno, entonces habla de los intereses supremos de la patria, el objetivo loable de la paz, etc., para deshacerse de cualquier limitación legal o constitucional.

La propuesta de la ex-senadora Piedad Córdoba, ahora acogida por el Presidente Santos, es un verdadero fraude. Extender dos años más el período del presidente es una estafa constitucional. O, ¿usted que diría si llegara a un concesionario y le dijeran que tiene que pagar 24 cuotas mensuales más por el carro que compró a 48? Patético, ex-senadora Córdoba, tan patético como el gesto del senador Vélez hablando de la Fuerza Pública uribista.

Pero a los sectores de la izquierda que promueven la extensión del periodo del presidente y ahora del congreso, objeciones de este tipo la tienen sin cuidado. La raíz, sin duda alguna, es su temperamento ideológico. De ahí se deriva su visión instrumental de las reglas de juego. Se trata de la misma matriz de donde alguna vez sacaron la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. Hoy esta tesis la quieren recoger en aras de la paz. Parecen estar a tiro de aceptar que la lucha sea solamente dentro del marco institucional. Sin embargo, con esta visión instrumental de las instituciones, el pronóstico es reservado. La regla que no les sirva se la van a pasar por la faja. ¿Podrá haber democracia y paz duraderas sin constitución, sin ley, sin estado de derecho?

No es saña contra esta izquierda. El expresidente Uribe y muchos de sus seguidores también tienen una visión instrumental de las reglas, una visión que contribuyó a la desinstitucionalización de este país. Los extremos se tocan. Si no, que lo diga uno de los asesores del mismo expresidente: el ex-izquierdista José Obdulio Gaviria.

¿Qué aprehensión motiva hoy al Presidente Santos a jugar su juego con una carta tan equívoca? ¿Por qué se contradice de manera tan tosca? ¿Cree que no tenemos memoria? Hace sólo dos meses el Ministro del Interior anunció que el gobierno se oponía a reformas electorales que alterasen las reglas existentes. Su argumento fue el siguiente: “(…) hay una consideración de fondo más allá de los intereses coyunturales y es el respeto a la Constitución y a las reglas de juego, para garantizar la neutralidad”. Ahora, ¿este argumento no vale?

El Presidente Santos hoy suda la gota fría “porque el tiro le salió mal”. Hizo el cálculo de que las cosas con las FARC las podía manejar de otro modo. Cuando se dio cuenta que no podía, se convenció de lo que no podemos convencernos muchos de nosotros: que nos traten como menores de edad. Si el trámite la paz es tan importante, entonces Presidente Santos convenza a la ciudadanía en la justa electoral y pida que lo reelijan. Franklin Delano Roosevelt, su admirado modelo, nunca propuso que le extendieran el mandato hasta que se acabara la Segunda Guerra Mundial.

No sólo eso. La reforma que le alargaría el periodo al Presidente ahora incluye alargarle el periodo al Congreso. Si la aprueban, nos quitarían a los ciudadanos la oportunidad de imponerle una sanción en las urnas a la grosera clase política que tenemos, la misma que tiene en su haber la aprobación de tres reformas inconstitucionales: la que se pasaba por la faja la carrera administrativa, la que abolió el conflicto de intereses en el trámite de las reformas constitucionales y la infame reforma a la justicia que el mismo Congreso hundió mediante un procedimiento inconstitucional.

En el 2006, la Corte Constitucional de Benín declaró inconstitucional una reforma que le extendía el periodo al parlamento de ese país de cuatro a cinco años. A juzgar por los precedentes, como el de la sentencia que le permitió a Juan Manuel Santos llegar a la presidencia, la Corte colombiana también tendría que hacer algo parecido: tendría que declarar contraria a la Constitución una reforma que prolongue el periodo de los funcionarios electos. Es difícil que por su criba pase un constitucionalismo tan chapucero.

El titular de la entrevista que le hizo El Espectador dice, ‘La Fuerza Pública es uribista’. Es un titular entre comillas. Si lo del periódico fue un error, creo que el senador Vélez ya lo habría aclarado. Aunque en su entrevista no aparece una frase así, si el titular no está desmentido, entonces es que este es el pensamiento del senador Vélez.

Yo no confiaría en un miembro de la fuerza pública uribista. No confiaría en ese servidor por su parcialidad, no por su simpatía hacia un personaje que me parece poco simpático. Por la misma razón, no confiaría en un miembro de la fuerza pública que se declarase polista, progresista, miraísta, liberal, conservador, etc. Los miembros de la fuerza pública son como los miembros del poder judicial: personas encargadas de velar por la garantía de los derechos de todas las personas, así como del cumplimiento de la ley. Uno espera que cumplan esta tarea sin sesgos que la distorsionen. El uribismo, el polismo, el progresismo, son sesgos que no deben fomentarse entre los servidores públicos como lo hace el senador Vélez.

Mas el del senador Vélez no es solamente un pensamiento. Es también un gesto, patético digo yo, porque es un testimonio del aislamiento de un pensamiento extremo de algunas personas que están en contra las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC No todos los cuestionamientos provienen de personas así. Para la muestra un botón: las columnas del colega Darío Acevedo.

En las elecciones de marzo nos vamos a hacer contar. Vamos a ver quienes están en la izquierda y en la derecha, y quienes están en la derecha que cree que el logro de sus objetivos se puede alcanzar desinstitucionalizando el país. Porque es desinstitucionalizar la actividad de la Fuerza Pública promover una orientación parcializada en favor del uribismo, como lo hace el senador Vélez.

Esta derecha desinstitucionalizadora tiene un común denominador con la izquierda desinstitucionalizadora que hemos visto en Venezuela: el autoritarismo. Ambas comparten la convicción de que es suficiente que el pueblo se identifique con el líder para que el líder ejerza un poder omnímodo. Es el mismo autoritarismo que confunde la lealtad al líder con la lealtad a la república. Salvadas las diferencias de contenido, su formato es el mismo: hacernos creer que el patriotismo ha de ser uribismo o chavismo, según el caso. Por eso es todavía más patético el gesto del senador Vélez: porque lo suyo es chavismo invertido. Para llegar a esta conclusión, solamente hay que hacer una comparación de las declaración del senador Vélez con las declaraciones de Chávez y sus acólitos según las cuales la Fuerza Pública venezolana ha de ser chavista.

Los invito a ver este segmento en el cual la periodista Diana Carolina Ruiz pone en cuestión los llamados a la Fuerza Pública venezolana para que haga profesión de chavismo, tan patéticos como los de uribismo del senador Vélez. Después de verlo, creo que ustedes se convencerán de que entre el chavismo y el uribismo no sólo hay diferencias sino también muchas similitudes.

Aquí mismo en El Espectador pueden encontrar un artículo llamando la atención acerca de la posible colusión entre las distribuidoras de gas y las entidades del estado encargadas de vigilarlas. La sospecha surge de varios hechos, pero aquí me voy a limitar a uno solo. Una regulación amañada sirvió para que nos quitaran a los consumidores el derecho de escoger en el mercado el operador certificado que nos haga la revisión técnica reglamentaria (RTT). Luego de una batalla legal, que perdieron las distribuidoras de gas, un juez ordenó que se expidiera un nuevo reglamento que nos devuelve un derecho que nunca debimos haber perdido. Y, ¿qué ha pasado?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se inventó un paso adicional para expedir ese nuevo reglamento. Le pasó la pelota al Ministerio de Minas y Energía, al que podríamos declarar enemigo número uno de los consumidores y del medio ambiente en Colombia. Luego de que ese ministerio se volara todos los plazos que dijo que iba a cumplir, el asunto ahora está en manos de un funcionario que tiene mil cosas para hacer: el doctor Alirio Pérez, de la Dirección de Hidrocarburos. A los lectores interesados les recomendaría que le dieran una llamada al teléfono 220 03 00, extensión 2580 y le expresaran que no hay excusa alguna para que no haya sido expedida todavía una reglamentación que favorece al consumidor.

La cosa es esta: en condiciones de libre competencia, uno escoge el operador certificado que le haga la revisión, la cual está por el orden de los 15 mil pesos. Sin embargo, como Gas Natural actúa como un monopolio y no permite que uno busque en el mercado a ese operador, le impone a cada usuario la suma de 60 mil pesos, que se los cobra de manera más o menos indolora en cuotas mensuales. Por no hacer nada distinto de aprovecharse de un reglamento ilegal, que ya debería haber sido reemplazado por otro, Gas Natural se gana 45 mil pesos. Hagan la cuenta de lo que está pasando en Ciudad Bolívar: de 2700 usuarios: por no hacer nada, Gas Natural espera sacarles aproximadamente 120 millones de pesos. Esto es hurto porque hurto es la conducta de quien toma dinero de uno sin que tenga derecho para ello.

A los usuarios de Ciudad Bolívar les recomiendo 1) que no se dejen robar de Gas Natural; 2) que le pongan presión al Ministerio de Minas y Energía para que agilice el trámite del reglamento que nos protege a los consumidores y 3) que le recuerden a los honorables senadores y representantes de la Comisión Sexta, que es la que tiene que ver con este tema, que se pongan las pilas si es que quieren ganarse el favor de los votantes.

De todos esos congresistas hay uno que ha sacado la cara: César Tulio Delgado. En un correo le escribí que me parecía encomiable su labor de defensa de los consumidores y que, si bien no iba a votar por él porque no me identifico con la mayoría de las tesis del partido conservador, le deseaba que volviera a ser elegido. Si alguno de ustedes lectores es conservador, va a votar en las próximas elecciones y va usar el voto preferencial, le recomendaría que lo hiciera por el senador César Tulio Delgado. Él, con mucha humildad contestó el mensaje que le envié diciéndome: gracias, yo sólo cumplo con mi trabajo. Eso es lo que necesitamos en el Congreso: gente que trabaje por la gente.

A mí me encontró el poema Estatutos do Homem con un renovado encanto por la lengua portuguesa y una felicidad de pájaro. Buscaba una traducción al portugués de un poema de Neruda y supe que su intérprete en la lengua de Thiago de Mello había sido el mismo Thiago. Yo, ignorante, no sabía sin embargo quién era ese señor de Mello, pero pronto hube de saberlo como supe luego de un poema suyo que hoy interpretaría de este modo: Los Estatutos del Ser Humano.

Los Estatutos del Ser Humano

Artículo I

Queda decretado que desde hoy vale la verdad; ahora vale la vida y con las manos dadas, todos marcharemos por la vida verdadera.

Artículo II

Queda decretado que todos los días de la semana, incluso los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo.

Artículo III

Queda decretado que, a partir de este instante, habrá girasoles en todas las ventanas; que los girasoles tendrán derecho de abrirse bajo la sombra y que las ventanas deben permanecer el día entero abiertas para el verde donde crece la esperanza.

Artículo IV

Queda decretado que el ser humano no precisará nunca más dudar del ser humano; que el ser humano confiará en otro ser humano como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire y como el aire confía en el campo azul del cielo.

Parágrafo único:

El adulto confiará en otro adulto como un niño confía en otro niño.

Artículo V

Queda decretado que los seres humanos quedan libres del yugo de la mentira. Nunca más será necesario usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras.

El ser humano se sentará en la mesa con su mirada limpia porque la verdad será servida durante la comida.

Artículo VI

Queda establecida, durante diez siglos, la práctica soñada por el profeta Isaías: lobo y cordero pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto de la aurora.

Artículo VII

Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad; la alegría será siempre una bandera generosa ondeando en el alma del pueblo.

Artículo VIII

Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y será siempre no poder dar amor a quien se ama y saber que es el agua quien da a la planta el milagro de la flor.

Artículo IX

Queda permitido que el pan de cada día tenga en el ser humano la señal de su sudor, pero que tenga siempre y sobre todo el caliente sabor de la ternura.

Artículo X

Queda permitido a cualquier persona, en cualquier hora de su vida, el uso de traje blanco.

Artículo XI

Queda decretado, por definición, que el ser humano es un animal que ama y que por eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana.

Artículo XII

Se decreta que nada será obligado ni prohibido; todo será permitido, incluso jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa.

Parágrafo único

Sólo una cosa queda prohibida: amar sin amor.

Artículo XIII

Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras.

Expulsado del gran baúl del miedo, el dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar en la fiesta del día que ha llegado.

Artículo Final

Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas.

A partir de este instante la libertad será algo vivo y transparente como un fuego o un río y su morada será siempre el corazón del ser humano.

Mi interpretación de este poema refleja la sensibilidad contemporánea. Contrario a los franceses que todavía se precian de hablar conforme a su tradición de los derechos del hombre, yo no logro aceptar declaraciones acerca de lo humano que no se refirieran genérica e incluyentemente a lo humano. No es que me crea con poder para enmendarle a otro a la escritura. Para nada. Es otra cosa. Es el mero reconocimiento de que nuestra escritura fue enmendada por gentes como Wollstonecraft, Mott y Stanton, por sólo mencionar algunas de ellas.

En 1964, en el mundo donde Thiago de Mello escribió Os Estatutos, aunque se sintieran distinto, las cosas políticas y filosóficas se nombraban genéricamente con un sólo género ‒ y eso que en Chile, donde estaba el poeta, las mujeres llevaban más de una década de ejercicio del derecho al voto. En el mundo del 2013, donde más sentimientos han ganado su voz, las cosas son de otro modo y, ciertamente, las expresamos de otro modo. Por eso, al vertir en este mundo lo que encontré en ese otro, que nos parece tan vecino, he precisado interpretar algunas palabras de un modo distinto a como lo hizo su primer traductor: Pablo Neruda (este enlace lleva a la versión original del poema y a la traducción que hiciera el autor de Los Versos del Capitán).

En muchas líneas de Los Estatutos encuentro afinidades y huellas de una trayectoria. Veo el camino que he andado y en el poema el reflejo de tantos espejismos e ilusiones que animaron muchas veces mi caminar. No es que haya perdido la fe en la verdad y en la justicia. Es, simplemente, el milenarismo el que ha perdido mi militancia. Por eso hoy, cuando leo Los Estatutos, me conmueve la ingenuidad, no la esperanza.

Reconozco en el poema de Thiago de Mello un espíritu que ha generado muchos espectros, un ardoroso deseo de concordia que desencantado se ha trocado en tanta violencia, un deber ser que es menos proyecto y más protesta, una utopía, un mundo extraño que no cabe esperar, una antropología ansiosa de luz y de ternura y de incondicionales para una existencia tan condicionada. Pero también me reconozco en la luz y en la ternura, en girasoles en las ventanas, en martes de plácidas mañanas, en el juego con los rinocerontes, en el traje blanco y en la begonia en la solapa.

Cuando uno paga impuestos de esa manera, uno cae en cuenta de que es parte de un proceso más amplio: uno deviene consciente de que pertenece a una comunidad que ha decidido asumir unos gastos en común. Esto da un incentivo para exigirle al gobierno una rendición de cuentas acerca de la manera como se ha gastado el dinero que ha sido recaudado entre los contribuyentes. No todos los ciudadanos responden a ese incentivo. Otros intereses pueden tomar prioridad y desplazar su atención hacia otros objetos. No obstante, la riqueza de la vida asociativa en los Estados Unidos no se puede desligar del hecho de que hay mucha gente interesada en saber en qué se gastan los dineros públicos y en cuestionar ese gasto.

Hay, desde luego, excepciones al principio general. Por razones de seguridad nacional, hay muchos gastos cuyo conocimiento ha quedado reservado al Gobierno y al Congreso. Pero esa es la excepción. El impulso general es a demandar más transparencia. Por eso es que hay una ley que hace obligatorio la desclasificación de muchos documentos reservados.

Basta contrastar esta situación con la de muchos países en donde la riqueza proviene del petróleo y los ciudadanos no pagan impuestos. No es una casualidad que en los países árabes no haya democracia. El inverso del viejo dicho, “No puede haber representación sin impuestos” (No representation without taxation), es tan verdadero como el dicho mismo, “No puede haber impuestos sin representación” (No taxation without representation).

Un rito menos conocido es el de los objetores al pago de los impuestos federales. Hay un buen número de personas que saben que sus impuestos son usados para financiar guerras inmorales. Ese saber lo han traducido en una acción directa: en la negativa a pagar impuestos que luego van a ser usados de una forma inmoral. Poco, sin embargo, es lo que se sabe de estos objetores. Vale la pena que se conozca más al respecto.

En la actualidad, un poco más del 40% de los impuestos federales de los Estados Unidos está destinado a gastos que tienen que ver con la guerra y, en general, con lo militar: bases militares alrededor del mundo, renovación del arsenal nuclear, creación de nuevas armas, etc. Con mucho valor, hay gente que se opone a que la plata que debe ir al fondo común del estado se use de ese modo. Poco se sabe de esta gente porque ella no figura en ninguna de las producciones que nos llegan de Hollywood.

No me imagino lo que es una vida sin cuentas bancarias (porque al tenerlas, el fisco les cae de una); sin casa propia (Randy Kehler, el objetor de la Guerra de Vietnam que inspiró a Daniel Ellsberg, el de los Documentos del Pentágono, perdió su casa en un juicio fiscal); sin tantas cosas que nos parecen necesarias en el mundo en que vivimos. Pero esta imagen se disipa ante la honda admiración que me produce gente que aborrece la guerra y ama la paz, y que expresa ese amor con actos, no sólo con palabras. Esa es gente que le puede decir a otra gente: Sí se puede; sí hay otro camino. Solamente hay que empezar a caminarlo.

Comienzo con lo que considero positivo. Carlos Vicente de Roux expresó muy bien la razón por la cual personas sin partido, como yo, haríamos bien en salir a marchar, como lo hicimos:

“Sabemos que en la marcha se mezclan muchas apuestas políticas. Por ejemplo, la de los amigos del gobierno nacional que están con la reelección de Santos, y la de quienes simpatizan con las Farc y no condenan con firmeza los delitos de la guerrilla. A pesar de eso, lo que está en juego es un propósito superior, la terminación del conflicto armado por la vía civilizada de la negociación política. El éxito de ese propósito requiere que todas/os nos manifestemos activamente en su respaldo.”

Como de Roux y como yo, muchas otras personas salieron a marchar. Nuestra presencia en ese escenario no le dio ni a Santos ni a las FARC más de lo que se merecen. Yo no fui a respaldar la reelección del actual presidente. Tampoco fui a saludar los esfuerzos de una auto-denominada vanguardia armada del movimiento popular. Fui a apoyar la solución política al conflicto armado.

Yo no comparto el proyecto de país del presidente Santos. Su locomotora minera me espanta. Me parece igualmente espantoso el proyecto de la guerrilla, la cual muestra no haber aprendido nada o casi nada de lo ocurrido en el mundo desde 1989. Aunque me considero de izquierda, nunca podré referirme al mercado con el desafortunado término de “asesino metafísico”.

Mucho menos creo que la presencia de muchas personas como yo pueda significar un cheque en blanco a la actual administración de Gustavo Petro. Antes bien, espero que Miguel Gómez Martínez complete la recolección de firmas para que tengamos la oportunidad de decidir si le revocamos el mandato al actual alcalde de Bogotá. Creo que eso le daría un fuerte incentivo para rectificar un modo de gestión tan mamerto como el de Hugo Chávez. No quisiera votar en contra del alcalde Petro en esa ocasión. Sin embargo, no me dará pena ninguna hacerlo si no vemos una gestión menos autoritaria y más comprometida con la participación ciudadana y contra la corrupción.

Quisiera, por lo tanto, insistir en que personas como yo fuimos a la marcha del 9 de abril con el fin de expresar nuestro apoyo al propósito fundamental de ponerle fin a una lucha en la cual seres humanos matan otros seres humanos motivados por convicciones políticas opuestas.

A juzgar por sus números, alrededor de un millón en Bogotá, la marcha fue un éxito. Quizá haya quienes la comparen con la del 4 de febrero de 2008, muchísimo más numerosa. La comparación, empero, no hace sino resaltar su mérito. Recordemos que la gran mayoría de este país se había tragado la retórica de la lucha contra el terrorismo del gobierno de George W. Bush, del entonces presidente Uribe y de su asesor José Obdulio Gaviria. Que esa mayoría haya dado un viraje y que un buen número de ciudadanos haya decidido saludar el esfuerzo de encontrar una solución pacífica al conflicto armado es, desde todo punto de vista, una victoria.

A pesar del deplorable asesinato de Ever Antonio Cordero, la marcha del 9 de abril fue una victoria. Una victoria manchada por esa muerte, que no se nos olvide. Pero es por muertes como esa que fuimos a marchar.

Estoy seguro que los enemigos de la paz no pueden convocar a una marcha igual para rechazar la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC. Antes bien, a este respecto, están totalmente a la defensiva. Como lo puso de presente una tuitera, “en Corea del Norte esperan a todos los que quieren la guerra.”

A mí personalmente me dio mucho gusto ver gente joven, así como también un sinnúmero de trabajadores culturales. Lo que ví me hizo pensar, pero aquí ya estaba en el delirio, en la afortunada convergencia en 1988 de todos los íconos de la escena cultural chilena en contra de la permanencia en el poder de Augusto Pinochet. Delirio, porque no hay todavía una convergencia así en favor de la solución negociada al conflicto armado.

Aquí es donde la marcha del 9 de abril tiene para mí un sabor de derrota. Extrañé la presencia de representantes de las víctimas de la guerrilla. Habría querido oír especialmente a Herbin Hoyos, una de las personas con mayor autoridad moral para hablar del tema del secuestro y de las secuelas que ha dejado este crimen la sociedad colombiana. Habría querido verlo en el podio de la Plaza de Bolívar hablando de igual a igual con Piedad Córdoba y Manuel José Cepeda. La paz en Colombia será firme y duradera el día en que las víctimas de agentes del estado, de los grupos paramilitares y de la guerrilla, el día en que todos los colombianos podamos caminar juntos y de acuerdo en que no hay nada que justifique violaciones a los derechos humanos de ninguna persona.

Aquí es donde la marcha del 9 de abril la podemos medir con distintas varas. Las FARC quizá la vean como un éxito; yo, como un éxito parcial o como un parcial fracaso. La arrogancia de las FARC en relación con el tema de las víctimas que han causado durante el conflicto es uno de los grandes obstáculos para el logro de la paz. Quizá piensen, si es que lo han pensado, que el momento para pedir perdón por tanto sufrimiento inflingido en tantas personas será la víspera de la firma de los acuerdos de paz. Me parece, sin embargo, que ese gesto sería tardío y ayudaría poco a la consolidación del proceso en curso.

Como lo expresé en una anterior oportunidad, el expresidente Álvaro Uribe es al proceso de paz en Colombia lo que fue Roberto D’Aubuisson al proceso de paz en El Salvador. Su odio visceral a la izquierda, incluida la legal, es un obstáculo formidable a la consolidación de la paz, mas no es un obstáculo insalvable. El expresidente Uribe puede alimentar un odio como el suyo entre muchas víctimas de las FARC, personas que merecen de esta organización una expresión de contrición, de arrepentimiento por crímenes que no tienen justificación alguna. Empero, si desde ya las FARC comienzan un proceso de auto-reconocimiento como victimarios en el conflicto, el camino de la paz podrá ser allanado; buena parte del odio podrá ser superado.

En conflictos como el colombiano hay muchos victimarios que fueron primero víctimas, pero eso no los descarga de su deber de responder por los crímenes que cometieron. El que haya otros que también tengan que dar respuesta por el daño que le han hecho a la nación colombiana tampoco los descarga de esa responsabilidad.

Hay muchos tipos de daño. Además de la violencia, la corrupción le ha causado grandes males a nuestro país. Ya quisiéramos ver al Partido Liberal, de forma oficial, pedir perdón a la nación colombiana por haber apoyado contralores generales de la república, en las décadas de 1970, 1980 y 1990, que no contuvieron la corrupción sino que contribuyeron a exacerbarla. Pero no sólo por contralores: que ojalá respondiera el Partido Liberal por sus miti-mitis e incluso por un presidente de baja estofa que se quiere reencauchar con el tema de la paz. Ojalá el Partido Liberal le pidiera perdón a la nación colombiana por haberse equivocado al instituir subrepticiamente el principio de la herencia en los cargos públicos, como sucede en la actualidad con los nombres de Galán, Gaviria y Serpa.

Al Partido Liberal ya le llegará su hora. Pero en ésta, la de la paz, si quieren sembrar paz y no discordia, las FARC harían bien en ir plantando la semilla del perdón, del perdón que tienen que pedir, si es que quieren encontrar una sociedad dispuesta a perdonar y a olvidar.

Tal y como lo explicó el vocero de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, en una entrevista con Amy Goodman en democracynow.org, el acceso difícil al material público es, de hecho, una forma de inaccesibilidad, un equivalente del secreto. En este sitio llamado la Biblioteca Pública de la Diplomacia Estadounidense, WikiLeaks nos proporciona una ventana a la actividad diplomática estadounidense en un período bastante turbulento, poniendo a nuestra disposición varias herramientas de búsqueda.

Para todos los latinoamericanos que estuvieron bajo el yugo de dictaduras militares que contaron con el apoyo de Estados Unidos, este sitio de WikiLeaks es una mina de información de una enorme utilidad. Comparado con este tema, la arqueología de la política anti-drogas puede ser algo de interés secundario, que es el asunto que con más recurrencia se menciona en los cables relacionados con Colombia. Hay desde luego información sobre otros aspectos de la vida política colombiana que bien pueden merecer más de un comentario luego de haber revisado con todo cuidado todos los cables disponibles.

Kissinger es recordado en toda Latinoamérica como uno de los promotores del golpe de estado contra el Presidente de Chile Salvador Allende. Uno los cables destacados de la colección ahora disponible en Internet da cuenta de su talante anti-democrático. En una conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía en 1975, Kissinger dijo, “Antes de la Ley de Libertad de Información, en reuniones yo decía, «Lo ilegal lo hacemos inmediatamente; lo inconstitucional toma más tiempo.» [Risas] Pero desde la Ley de Libertad de Información, me da temor decir cosas como esa.” Aunque lo dijo a título de broma, a la luz de lo ocurrido hace 40 años en Chile sabemos que en su manera de pensar no había nada de chiste.

Sin que esto signifique restarle importancia a lo hecho por WikiLeaks, vale la pena destacar que en este caso su esfuerzo de transparencia se apoya en batallas ganadas previamente en los mismos Estados Unidos. En la actualidad es imposible encontrar un sitio similar acerca de la diplomacia de Brasil, de China, de India o de Rusia. Los indios tienen que ir a un sitio estadounidense para enterarse que el antiguo primer ministro Rajiv Gandhi actuó como intermediario de una empresa de armas sueca que quería venderle aviones de combate a la India. Todo lo cual me ratifica en la convicción de que Estados Unidos, como nación, sufre de una división interna análoga a la del persona que algunas veces era el doctor Jekill y en otras el señor Hyde. Avatares del imperialismo democrático, algo que los atenienses del siglo V antes de la Era Común experimentaron en carne propia.

Desde luego, sería bastante inexacto dejar las cosas así. En parte bajo la influencia de ley de acceso a la información de los Estados Unidos, en parte debido a dinámicas internas de demanda de transparencia, en la última década han sido aprobadas leyes similares en Brazil, India y en Rusia, que permitirán que en el futuro podamos correr el velo que oculta muchas de las acciones de los gobiernos de esos países.

Nosotros aquí en Colombia tenemos una larga historia de lucha contra la opacidad del estado. El libro de Alberto Donadio La Llave de la Transparencia: El periodismo contra el secreto oficial (Medellín: Sílaba Editores, 2012) nos proporciona un muy buen recuento de lo que se ha ganado, pero también de todo lo que se puede perder si la Corte Constitucional decide validar varias disposiciones bastante cuestionables incluidas en la “Ley de Transparencia y de Acceso Público a la Información Pública Nacional”.

Todos los días se libra una batalla en la cual los enemigos de la transparencia recurren a toda suerte de argumentos para negarnos el acceso a información que debería ser pública. Seguridad Nacional, reserva legal, etc., son algunos de los conceptos usualmente invocados para ponerle cortapisas a la demanda ciudadana de más información. Está claro que con más información tendremos más poder: poder para demandar responsabilidad, para pedir cuentas, para detener el abuso. No se trata de eliminar el derecho a la intimidad, algo en lo que parecen estar de acuerdo los gobiernos y grandes empresas como amazon.com, que quiere saber qué leemos, qué subrayamos y a qué horas. De lo que se trata es de construir una sociedad verdaderamente democrática, en vez de conformarnos con esta fachada de libertad política y totalitarismo invertido, como acertadamente lo ha definido el estudioso Sheldon Wolin en un reciente libro sobre el tema.

Lo que ocurrió en Ruanda es una iniquidad feroz, pero uno puede decir que esa fue una iniquidad por omisión. La de Irak ha sido iniquidad deliberada.

En septiembre del 2001, Samantha Power publicó en The Atlantic la crónica definitiva acerca de cómo el Departamento de Estado hizo todo lo posible para evitar cualquier intervención que sirviera para detener el genocidio en Ruanda. Power puso en la esfera pública una información que no teníamos acerca de la responsabilidad de numerosos oficiales del Departamento de Estado en el diseño deliberado de una política consistente en no intervenir. Uno de esos oficiales es la infame Susan Rice, quien hoy funge de embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas y a quien un escándalo le impidió ser Secretaria de Estado.

En el caso de la guerra contra Irak no hay falta de información. Hay muchísima acerca de la forma como se planeó la guerra y cómo se puso en marcha una extraordinaria maquinaria para justificarla. Contrario a lo que ocurrió en el caso de Vietnam, en el cual el gobierno de los Estados Unidos recurrió al secreto para organizar la intervención, en el de Irak todo parecía ser la crónica de una muerte anunciada.

La obsesión de la extrema derecha con Irak fue un asunto que esa misma extrema derecha puso en el debate público desde finales de los años 1990. Un grupo de intelectuales y políticos agrupados en lo que ellos mismos denominaron Project for the New American Century (El Proyecto para un Nuevo Siglo [de Hegemonía] Estadounidense) le plantearon repetidamente al gobierno de Bill Clinton que la única solución con respecto a Irak era deponer a Saddam Hussein. Con la victoria de George W. Bush en las elecciones del año 2000, el proyecto se concretó en una serie de decisiones que ya conocemos. Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz & Co, orquestaron una guerra injusta por la cual deberían ser llevados algún día ante un tribunal internacional.

Hoy está claro que el gobierno de Irak no tenía armas de destrucción masiva. El encargado de buscarlas, David Key, compareció en enero del 2004 ante un comité del Senado estadounidense y declaró, “Resultó que estábamos todos equivocados (…).” Sin embargo, durante los meses que precedieron a la invasión a Irak, la posesión de armas de destrucción masiva devino en el mantra con el cual se justificó la guerra contra ese país.

Creo que no hay otro caso en el cual los medios de comunicación le hallan fallado al público tan gravemente como en el caso de la guerra contra Irak. La complacencia con la versión oficial fue general. Sólo los llamados medios alternativos se atrevieron a ponerla en cuestión. A los ojos de la mayoría, esa era sin embargo la actitud de unos lunáticos o de unos traidores.

La confusión entre periodismo y propaganda alcanzó su grado máximo durante la misma guerra. Los periodistas fueron desplegados en unidades militares con el fin de asegurar un mayor cubrimiento. Terminaron cubriendo y refrendando la versión oficial.

Esta confusión fue, sin embargo, propiciada por otra: la del deseo y la realidad. Luego de una década de holgura económica y en el curubito de la indiscutible victoria sobre la Unión Soviética, la soberbia del poder oscureció todo asomo de razón. El resumen más elocuente del delirio político que permitió la guerra contra Irak es este testimonio de Ron Suskind cuando entrevistó a un asesor de George W. Bush (presumiblemente Karl Rove):

“En el verano del 2002, luego de haber escrito un artículo en Esquire acerca de la antigua directora de comunicaciones de Bush, Karen Hughes, que no le gustó a la Casa Blanca, tuve una reunión con un importante consejero de Bush. Me manifestó el disgusto de la Casa Blanca y luego me dijo algo que en ese momento no comprendí completamente – pero que ahora creo que revela el núcleo de la política del presidente Bush.

“El consejero dijo que tipos como yo pertenecíamos a «lo que llamamos la comunidad basada-en-la realidad», la cual él definió como la gente que «cree que las soluciones surgen del estudio juicioso de la realidad discernible.” Con un meneo de cabeza expresé mi asentimiento y murmuré algo acerca de los principios de la Ilustración y el empirismo. Él me cortó de una. «Esa ya no es la manera en la cual realmente funciona el mundo » y continuó, «Ahora somos un imperio y, cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad – juiciosamente, como ustedes lo hacen – nosotros actuaremos de nuevo, creando otras realidades nuevas que ustedes también pueden estudiar, y así es como las cosas terminan ocupando su lugar. Somos los actores de la historia … y usted, todos ustedes, quedarán a un lado simplemente para estudiar lo que hacemos.»”

Hace treinta años la historiadora Barbara Tuchman escribió un libro titulado La Marcha de la Locura. En ese libro Tuchman se propuso explicar cómo un gobierno puede tomar decisiones contrarias a sus propios intereses. Su lectura proporciona argumentos muy fuertes en favor del anarquismo pues caso tras caso uno encuentra que el poder corrompe y obnubila. Tuchman cita, y su análisis refrenda, la opinión de John Adams, “Mientras que todas las demás ciencias han avanzado, la del gobierno está detenida; se practica sólo un poco mejor ahora que hace tres mil o cuatro mil años.”

En un gesto que justifica todos los esfuerzos de los historiadores y científicos sociales, Tuchman hace referencia a un caso en el cual un gobernante pudo superar la oscuridad de su propio auto-engaño: la decisión de Anwar el-Sadat de hacer la paz con Israel. Con mucha esperanza, de este solo caso se podría concluir que los seres humanos podemos aprender de lo ocurrido en el pasado, lo cual valida la tarea de quienes se dedican a reconstruirlo y entenderlo. No obstante, Tuchman no parece ser tan optimista. Ella es adicta al aforismo de Voltaire, “La historia nunca se repite a sí misma; el hombre siempre lo hace.”

Hace diez años fue Irak. Hoy es Irán. ¿Quién puede detener esta marcha de locos?