Cosmopolita

Publicado el Juan Gabriel Gomez Albarello

Antología del uribismo invertido (I): proceso de paz y constitucionalismo chapucero

El uribismo invertido es la otra cara de la moneda del chavismo invertido. Personas como Piedad Córdoba pueden ver su reflejo en el uribismo como si fuera un espejo, invertido, claro está.

Una de las desgracias de cierta izquierda latinoamericana es su inconsistencia. Hace exactamente lo mismo que le reprocha a la derecha. Cuando está en la oposición, habla del respeto a las reglas de juego y de la importancia de los límites del poder. Pero cuando concuerda con el gobierno o cuando ella misma es gobierno, entonces habla de los intereses supremos de la patria, el objetivo loable de la paz, etc., para deshacerse de cualquier limitación legal o constitucional.

La propuesta de la ex-senadora Piedad Córdoba, ahora acogida por el Presidente Santos, es un verdadero fraude. Extender dos años más el período del presidente es una estafa constitucional. O, ¿usted que diría si llegara a un concesionario y le dijeran que tiene que pagar 24 cuotas mensuales más por el carro que compró a 48? Patético, ex-senadora Córdoba, tan patético como el gesto del senador Vélez hablando de la Fuerza Pública uribista.

Pero a los sectores de la izquierda que promueven la extensión del periodo del presidente y ahora del congreso, objeciones de este tipo la tienen sin cuidado. La raíz, sin duda alguna, es su temperamento ideológico. De ahí se deriva su visión instrumental de las reglas de juego. Se trata de la misma matriz de donde alguna vez las FARC sacaron la tesis de la combinación de todas las formas de lucha. Hoy esta tesis la quieren recoger en aras de la paz. Parecen estar a tiro de aceptar que la lucha sea solamente dentro del marco institucional. Sin embargo, con esta visión instrumental de las instituciones, el pronóstico es reservado. La regla que no les sirva se la van a pasar por la faja. ¿Podrá haber democracia y paz duraderas sin constitución, sin ley, sin estado de derecho?

No es saña contra esta izquierda. El expresidente Uribe y muchos de sus seguidores también tienen una visión instrumental de las reglas, una visión que contribuyó a la desinstitucionalización de este país. Los extremos se tocan. Si no, que lo diga uno de los asesores del mismo expresidente: el ex-izquierdista José Obdulio Gaviria.

¿Qué aprehensión motiva hoy al Presidente Santos a jugar su juego con una carta tan equívoca? ¿Por qué se contradice de manera tan tosca? ¿Cree que no tenemos memoria? Hace sólo dos meses el Ministro del Interior anunció que el gobierno se oponía a reformas electorales que alterasen las reglas existentes. Su argumento fue el siguiente: “(…) hay una consideración de fondo más allá de los intereses coyunturales y es el respeto a la Constitución y a las reglas de juego, para garantizar la neutralidad”. Ahora, ¿este argumento no vale?

El Presidente Santos hoy suda la gota fría «porque el tiro le salió mal». Hizo el cálculo de que las cosas con las FARC las podía manejar de otro modo. Cuando se dio cuenta que no podía, se convenció de lo que no podemos convencernos muchos de nosotros: que nos traten como menores de edad. Si el trámite la paz es tan importante, entonces Presidente Santos convenza a la ciudadanía en la justa electoral y pida que lo reelijan. Franklin Delano Roosevelt, su admirado modelo, nunca propuso que le extendieran el mandato hasta que se acabara la Segunda Guerra Mundial.

No sólo eso. La reforma que le alargaría el periodo al Presidente ahora incluye alargarle el periodo al Congreso. Si la aprueban, nos quitarían a los ciudadanos la oportunidad de imponerle una sanción en las urnas a la grosera clase política que tenemos, la misma que tiene en su haber la aprobación de tres reformas inconstitucionales: la que se pasaba por la faja la carrera administrativa, la que abolió el conflicto de intereses en el trámite de las reformas constitucionales y la infame reforma a la justicia que el mismo Congreso hundió mediante un procedimiento inconstitucional.

En el 2006, la Corte Constitucional de Benín declaró inconstitucional una reforma que le extendía el periodo al parlamento de ese país de cuatro a cinco años. A juzgar por los precedentes, como el de la sentencia que le permitió a Juan Manuel Santos llegar a la presidencia, la Corte colombiana también tendría que hacer algo parecido: tendría que declarar contraria a la Constitución una reforma que prolongue el periodo de los funcionarios electos. Es difícil que por su criba pase un constitucionalismo tan chapucero.

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