Cosmopolita

Publicado el Juan Gabriel Gomez Albarello

El compromiso con el proceso de paz Israelí-Palestino: de labios para afuera

Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos que se negó a reconocer el Estado de Palestina. No votó en contra (Panamá lo hizo). Simplemente se abstuvo (los otros dos países que lo hicieron fueron Guatemala y Paraguay).

De acuerdo con el gobierno colombiano, el reconocimiento de Palestina como estado debe ser el resultado de un acuerdo de paz integral. Por lo tanto, si le damos el beneficio de la duda, deberíamos interpretar su abstención como la posición razonable de quienes creen que la acción unilateral de los palestinos en torno al reconocimiento de su país como estado fue prematura y puede incluso obstaculizar un proceso de paz ya estancado. A su favor, hemos de tener presente que, en el 2011, la delegación colombiana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó en contra de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

Sin embargo, hay un buen número de razones para poner en cuestión la sinceridad de sus declaraciones relativas al apoyo al proceso de paz israelí-palestino. En muchas otras áreas, tales como el proceso concerniente a la adopción de una nueva ley en materia de educación superior, así como de las reformas constitucionales propuestas a la administración de justicia, el gobierno colombiano ha probado que su compromiso ha sido de labios para afuera.

Después de una serie de protestas realizadas por el movimiento estudiantil, el gobierno colombiano retiró el proyecto que le presentó al Congreso. Desde entonces no ha presentado ningún otro proyecto y mantiene a las universidades públicas mal financiadas. También, después del clamor público contra las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso el año pasado (y, sobre todo, de la amenaza de un referendo sobre la materia), el gobierno colombiano objetó las reformas y le pidió al Congreso que revocara la decisión que había tomado apelando a un procedimiento bastante dudoso. A la luz de estos precedentes en la arena doméstica, es apenas razonable dudar de la posición del gobierno colombiano respecto del proceso de paz israelí-palestino.

¿Había una manera de despejar nuestras dudas? Yo razoné en el sentido de que podíamos observar lo que los gobiernos que apoyan el proceso de paz harían luego de que el gobierno israelí anunció la construcción de 3000 nuevas unidades habitacionales en Jerusalén Oriental (vean mi entrada Implicaciones Observables). Recordemos que este anuncio fue hecho en reacción, aunque deberíamos decir mejor retaliación, al reconocimiento de Palestina como estado. Hay un amplio consenso respecto del hecho que los nuevos asentamientos en los territorios ocupados le ponen una barrera al avance del proceso de paz. Más específicamente, esos nuevos asentamientos hacen extremadamente difícil que el Estado de Palestina tenga a Jerusalén Oriental como su capital.

En los días que siguieron al anuncio de la construction de esos nuevos asentamientos, muchos gobiernos europeos llamaron a sus embajadores a consultas y expresaron públicamente su desaprobación a la acción unilateral del gobierno israelí. Incluso el gobierno de Estados Unidos hizo escuchar su voz condenatoria.

Aquí en Colombia los medios no registraron ninguna reacción de parte del gobierno del presidente Santos. Dado que nuestra agenda pública permanece congestionada por asuntos internos sin resolver y pendientes durante largo tiempo, la ausencia de cualquier pronunciamiento podría ser atribuida a nuestro tradicional provincialismo. Estando limitada al conflicto armado interno y a los escándalos políticos, nuestra atención parece no ir más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, puesto que yo quería despejar mis dudas acerca de la posición tomada por el gobierno colombiano, el 13 de febrero presenté ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una petición mediante la cual solicitaba ser informado si el embajador colombiano había formulado objeciones a la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén Oriental.

La primera respuesta a mi petición al Ministerio, fechada el 22 de febrero, reiteraba el compromiso del gobierno colombiano con el proceso de paz Israelí-Palestino y me proporcionaba varias direcciones en Internet a sitios donde uno puede encontrar que Colombia apoya la creación de un estado palestino dentro de las fronteras de 1967; que apoya el trabajo del Cuarteto (los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas); y que ha hecho pronunciamientos en contra de la construcción de asentamientos en los territorios ocupados.

Yo no quedé satisfecho con esta respuesta pues no me daba la información que había pedido. En un nuevo mensaje reiteré mi petición y requerí un sí o un no a mis preguntas: ¿Objetó el gobierno colombiano la construcción de 3000 nuevas unidades habitacionales en Jerusalén Oriental? Si lo hizo, ¿me daría el Ministerio de Relaciones Exteriores una copia de la nota verbal o de cualquier otra comunicación en la cual formuló esa objeción? También añadí que la falta de una respuesta apropiada podría ser objeto de revisión por parte de un juez puesto que el Ministerio estaría violando mi derecho constitucional a formular peticiones a las autoridades con el fin de proporcionarme la información con la cual pudiera demandar una rendición de cuentas al Ministerio por sus acciones.

La segunda respuesta del Ministerio, fechada el 26 de febrero, dice que la Embajada colombiana en Israel confirmó que no envió ninguna nota verbal al gobierno israelí acerca del asunto objeto de mi petición. Reitera la posición del gobierno colombiano, subraya que la dirección de las relaciones internacionales es prerrogativa del Presidente y señala que, de acuerdo con un decreto presidencial del 2009, el acceso al Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores no es público y permanece limitado a consultas aprobadas por la Ministra, las Viceministras o el Secretario General, dependiendo del asunto y del propósito de la consulta.

El momento en el cual me ha llegado esta respuesta es en verdad muy malo para el gobierno colombiano. Justamente esta semana la organización israelí Romper el Silencio filtró un reporte de la Unión Europea en el cual describe la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental como “sistemática, deliberada y provocadora” y la define como “la más grande amenaza a la solución de los dos estados.” De acuerdo con rt.com, el mismo informe recomienda “asegurarse de que los asentamientos “no recibirán fondos de investigación, becas u otras inversiones tecnológicas (…)” y “aconseja asegurarse que los asentamientos no reciban ventajas inequitativas mediante “tarifas preferenciales” y de que los consumidores tengan la oportunidad de realizar una “elección informada” mediante un etiquetamiento que describa el origen de los productos.”

Cuando yo formulé mi petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, reconocí que la dirección de nuestras relaciones internacionales es una prerrogativa del Presidente. No obstante, también afirmé que las acciones de los agentes que actúan a su nombre, esto es, los embajadores colombianos, deben devenir públicas de forma tal que los ciudadanos podamos exigirle al Presidente responsabilidad por la política exterior que él adelanta. Bien, el actual silencio respecto de la construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén Oriental es una decisión que debe ser sometida a escrutinio por parte de la opinión pública. Yo creo que es una decisión que merece las más fuertes críticas de parte de nuestros representantes en el Congreso.

El año pasado, el 11 de noviembre, dos senadores (Lidio García y Arleth Casado) y seis representantes de la Cámara (Fabio Amín, Jimmy Sierra, Mario Suárez, Joaquín Camelo, David Barguil y Pedro Mary Muvdi) fueron retenidos por las Fuerzas Israelíes de Defensa en un puesto fronterizo en Cisjordania. Los miembros del Congreso colombiano iban en camino a Ramala desde Jordania con el fin de atender una invitación que les había hecho la representación de Palestina en Colombia. El incidente terminó con la exigencia del Presidente de la Cámara, Augusto Posada, de una explicación por parte del gobierno israelí.

Yo espero que esos senadores y representantes estén a la altura de la tarea consistente en hacer que la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, comparezca ante el Congreso y explique el compromiso de labios para afuera del gobierno colombiano con el proceso de paz israelí-palestino. Le corresponde al Congreso entero demandar una rendición de cuentas al gobierno respecto de su inacción complaciente hacia la construcción de nuevos asentamientos. Sobre todo, yo espero que el gobierno colombiano cambie de opinión, reconozca al estado palestino, formule fuertes objeciones a la construcción de asentamientos en los territorios ocupados y se las comunique al gobierno israelí.

Este intercambio con el Ministerio de Relaciones Exteriores también nos ha mostrado que hay una cosa en la cual tenemos que trabajar: la remoción de los obstáculos al acceso público a la información concerniente a las relaciones internacionales de Colombia. Es entendible que no toda la información sea de acceso público, pero es totalmente inadmisible que la Ministra, las Viceministras y el Secretario General devengan los guardianes de toda la información guardada en el Archivo del Ministerio. Semejante acceso limitado es incompatible con el carácter democrático de nuestra Constitución.

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