Con un poco de imaginación y de audacia, quizá el gobierno nacional y las comunidades indígenas en el Cauca puedan encontrar una opción de entendimiento y de acuerdo. Se trata de una opción no violenta para enfrentar la violencia. En esta entrada considero en detalle las ventajas simbólicas e instrumentales de que se reconozca a la Guardia Indígena como parte de la Fuerza Pública del estado colombiano en el contexto de una estrategia para expulsar a las FARC de los territorios indígenas (desde luego, también discuto las desventajas).

Lo primero que tengo que decir a modo de descargo es que no soy un experto en este tema, apenas un observador. Todo lo que expreso aquí se basa en los reportes de prensa que he leído. Si no he entendido bien la situación o carezco de información relevante que no haya sido publicada, entonces quienes podrían haber sacado provecho de este análisis bien lo pueden desechar. Sin embargo, después de intercambiar mis opiniones con algunas personas que están cerca de algunos de los involucrados, así como con otros observadores, me he convencido de que vale la pena que haga pública mi perspectiva sobre el asunto.

Lo que voy a presentar está basado en mis conocimientos de derecho internacional humanitario y derecho constitucional, en el análisis de dinámicas de conflicto, así como en el potencial de acción no violenta para lograr objetivos políticos: en este caso, expulsar de un territorio a un actor armado contra-estatal.

Si entiendo bien, el gobierno nacional y las comunidades indígenas en el Cauca parecen estar enfrascados en el tema de la presencia de la Fuerza Pública. Se trata de un asunto que tiene mucho de simbólico y también de instrumental.

En relación con lo simbólico, el tema es que pedirle a la Fuerza Pública que abandone los territorios de las comunidades indígenas es equivalente, a los ojos de la ciudadanía no indígena, a una renuncia de la soberanía. Sobre esto no hay necesidad de abundar.

En relación con lo instrumental, una retirada de la Fuerza Pública, sin que las comunidades tengan la capacidad de expulsar a las FARC, significaría entregarles a éstas un santuario que puede servir para varios propósitos: retaguardia estratégica, ruta de comunicación, etc., haciendo que el balance de fuerzas entre el estado y la guerrilla se modifique en favor de ésta.

Desde el punto de vista de las comunidades indígenas, en términos instrumentales la presencia de la Fuerza Pública no ha servido para cumplir su deber constitucional de proteger los derechos de la población. Antes bien, es uno de los factores que contribuye a la violación de esos derechos.

En términos simbólicos esa presencia es la continuación de una política de desconocimiento y opresión de esas comunidades que recuerda ominosamente el genocidio perpetrado durante la Conquista, la Colonia e incluso durante la vida misma de la República.

En términos simbólicos e instrumentales creo que una opción de entendimiento y acuerdo que el gobierno nacional y las comunidades indígenas en el Cauca podrían considerar es que se reconozca a la Guardia Indígena como parte de la Fuerza Pública.

Esto no debería suscitar mayores reservas. Los territorios indígenas son entidades territoriales reconocidas por la Constitución. Las autoridades de las comunidades son las autoridades de esas entidades territoriales. Las formas tradicionales de justicia son las que están vigentes en los territorios indígenas. ¿Qué obstáculo constitucional o legal existe para reconocer que la Guardia Indígena de cada comunidad hace parte de la Fuerza Pública del estado colombiano? Yo creo que ninguno.

¿Qué ventaja simbólica tendría este reconocimiento para el estado colombiano? Que en todo el territorio nacional estaría presente la Fuerza Pública. En los territorios indígenas lo haría por medio de la Guardia Indígena. No habría entonces ningún centímetro del territorio sin presencial estatal. ¿Qué ventajas tendría para las comunidades? La misma: que el estado estaría representado por ellos, no por otros en los que no se reconocen.

La evaluación de las ventajas instrumentales es un asunto más complicado. Comencemos mejor por las desventajas.

Las comunidades indígenas podrían objetar que al devenir miembros de la Fuerza Pública se convertirían inmediatamente en objetivo militar. Yo creo que no. Del mismo modo en que los bachilleres que sirven como Auxiliares de Policía, la Guardia Indígena, mientras no porte armas de fuego y no intervenga en combates, tendrá el estatus de población protegida.

El artículo 13 del Protocolo II adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra es muy claro en este punto. La población civil solamente pierde la protección del DIH cuando “participa directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación.” Mientras cumpla sus funciones, incluso cuando persiga y detenga a los miembros de las FARC que se desplazan por los territorios indígenas, la Guardia Indígena tendría, como siempre lo ha tenido, el estatus de población protegida.

Desde luego, bien sabemos que las FARC han mostrado poca estima por el DIH. ¿Por qué habrían ahora de respetar la normatividad humanitaria? Contra la opinión nacional e internacional, podrían declarar objetivo militar a la Guardia Indígena por haber aceptado ser parte de la Fuerza Pública del estado colombiano. Sin embargo, si todas las comunidades respaldan esta decisión con el convencimiento de que esto es lo que permitirá ejercer su autoridad sin interferencia de la autoridad nacional, entonces las FARC no se enfrentará a unos miembros de la Guardia Indígena sino a todas las comunidades. El costo para las FARC de atacar a cualquier miembro de la Guardia Indígena entonces tornaría a ser prohibitivo.

Este costo puede aumentarse en términos prácticos del siguiento modo. Una forma es la vinculación de miembros de la comunidad nacional e internacional a las acciones no violentas de las comunidades indígenas contra las FARC, a su estrategia de desafío político masivo. Si, además, esos miembros cuentan con las herramientas para transmitir en vivo y en directo el desarrollo de esas acciones no violentas, su efecto se multiplicaría. Una cosa es que un grupo de personas confronte a un actor armado y le exija que abandone un territorio; otra es que lo haga exponiéndolo constantemente y de forma inmediata al reproche de toda la comunidad nacional e internacional.

De aquí se derivan las ventajas instrumentales para las comunidades de que la Guardia Indígena sea reconocida como parte de la Fuerza Pública. Las comunidades lograrían ser reconocidas como las responsables de su propia seguridad y tendrían todo el capital político, social y mediático necesario para expulsar a las FARC. Si las fuerzas militares y de policía se retirasen de sus territorios, cualquier justificación que las FARC hicieran de su presencia en ellos se caería por su propio peso. Las comunidades podrían sacar corriendo a cualquier guerrillero que entrara a una escuela a amenazar a jóvenes por tener amores con miembros de la policía o del ejército; podrían castigar a cualquier grupo de guerrilleros dispuestos a perpetrar un ataque contra un objetivo civil, como ya lo han hecho las comunidades del Cauca. A lo anterior hay que agregar que no tendrían que lidiar más con situaciones como la de personas asesinadas por no detenerse en un retén del ejército. Así de simple.

¿Qué desventajas instrumentales tendría para el estado colombiano retirarse de los territorios de las comunidades indígenas del Cauca? Asumiendo que las comunidades actúan de buena fe, no puede descartarse el escenario anteriormente mencionado: las FARC podrían convertir a la Guardia Indígena en objetivo militar, recurrir a una estrategia de terror y sojuzgar a las comunidades en grado sumo, haciendo que cualquier intento de las fuerzas militares y de policía de recuperar el territorio del Cauca fuese terriblemente costoso.

¿Cómo se podría evitar un desenlace de este orden? Primero que todo, el supuesto de que las comunidades actúan de buena fe siempre va a requerir de garantías. Lo mismo podrán decir las comunidades respecto de las fuerzas militares y de policía. Una opción de entendimiento y acuerdo como la que propongo solamente puede funcionar sobre la base de compromisos verificables por ambas partes. Por eso, antes de considerar el escenario de una resistencia efectiva de las FARC a la acción no violenta de las comunidades, quisiera concentrarme en este punto.

Si el gobierno y las comunidades indígenas llegaran a acordar el retiro de las fuerzas militares y de policía de sus territorios, tendría que haber un compromiso claro respecto de la salida de las FARC, un compromiso verificable. Un equipo integrado por miembros de agencias internacionales (pienso en la ONU), con suficiente movilidad como para cubrir el territorio de las comunidades y/o con el respaldo de algún sistema de monitoreo electrónico, podría servir de autoridad que verifique que las comunidades indígenas han cumplido con lo suyo. Ese equipo también podría reportar qué dificultades habrían tenido las comunidades para expulsar a las FARC, así como la capacidad de las comunidades para superar esas dificultades.

De antemano, el gobierno nacional y las comunidades indígenas tendrían que alcanzar un acuerdo acerca de lo que ambas partes harían de consuno en caso de que las FARC se resistieran a dejar los territorios de los indígenas. Si no hay claridad sobre este punto, todo lo dicho anteriormente sería una receta para un desastre, para una nueva confrontación.

Por lo tanto, no sobra insistir en que el acompañamiento de un verificador independiente e imparcial es decisivo para que esta fórmula pudiera llegar a funcionar. Ese verificador, desde luego, solamente podría operar si ambas partes definen de la forma más clara posible el criterio para determinar si las comunidades fracasaron en su intento de expulsar a las FARC de sus territorios y cuáles serían los pasos a seguir en tal evento.

¿Qué ventajas instrumentales podría obtener el estado colombiano de que la Guardia Indígena haga parte de la Fuerza Pública? Si expulsan a las FARC, podría concentrar sus fuerzas en otros territorios. El logro para el estado sería mayúsculo. Por primera vez en la historia de Colombia, el estado podría cosechar resultados concretos de una estrategia no violenta para ponerle fin a una violentea confrontación. En caso de que no pudiesen expulsar a las FARC de los territorios indígenas, si los acuerdos entre el gobierno y las comunidades funcionaran, habría una estrategia de respuesta que contaría de antemano con el apoyo de esas comunidades.

No sobra preguntarse qué perderían y que ganarían las FARC si un acuerdo entre el gobierno y las comunidades de este orden se llegara a cumplir. Obviamente, perderían influencia en un territorio vital para la continuación de las hostilidades contra el estado colombiano. Ganarían, en el sentido en el que perder es ganar un poco, la sensatez para aceptar que tienen que iniciar un proceso de paz que tenga como uno de sus objetivos su desmovilización completa, proceso que habría de contar con la presencia de terceros independientes e imparciales que cumpliesen la función de verificadores y garantes.

Ojalá todo este ejercicio no sea un mero pensar con el deseo. Que haya un espacio para la no violencia para acabar con la violencia; que haya un camino para la paz; que avancemos en la lucha por la democracia y por la justicia sin que ningún colombiano tenga que enfrentarse a muerte contra otro.