En los últimos tres meses la  Corte Constitucional se  pronunció sobre la constitucionalidad de dos normas que afectan los derechos de los menores de edad, cuyas decisiones escuestamente fueron difundidas por los medios de comunicación. En enero de este año, ese tribunal tumbó una  norma del Código Civil que prohibía demandar la nulidad del matrimonio entre impúberes (menores de 14 años), cuando la mujer hubiera  concebido.

Al proteger a  los menores impúberes que carecen de la capacidad suficiente para tomar una decisión racional y responsable de contraer matrimonio y tener verdadera conciencia del compromiso que adquieren, la Corte destacó que los menores impúberes que contraen matrimonio, independientemente de que haya o no concebido la mujer, están en la misma situación en lo relacionado con la nulidad del vínculo.

“Es evidente que el hecho de la gravidez, si bien es una manifestación de la madurez biológica de la niña, no trae consigo de forma automática la madurez psicológica de los contrayentes menores de 14 años, de forma que esta pareja está en la misma condición de los cónyuges menores de esa edad que no han concebido y que por lo mismo, sí se les puede solicitar la nulidad del matrimonio”, argumentó la Corte para justificar su decisión.

 En una sentencia anterior, el guardián de la Constitución Política también protegió a  los menores de edad al declarar inexequible una norma de carácter penal que excluyó a los menores de 18 años y mayores de 12 como víctimas del delito de omisión de denuncia de particular respecto  a las conductas de proxenetismo.

Para la Corte, la protección preferencial limitada tan solo a los niños menores de 12 años, excluye de su órbita de amparo y sin justificación constitucional alguna a los adolescentes, quienes también son menores de edad.

En ambos casos,  al ampliar  la protección de la norma, la Corte evita que un grupo significativo de menores sean sometidos a un trato discriminatorio prohibido por el artículo 13 de la Constitución Política. En síntesis, se trata de dos decisiones trascendentales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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