Con los pies en la tierra

Publicado el Observatorio de Tierras

¿Por qué se restituye en el Magdalena?, o «¿Cuál es el escándalo?»

Por: Proyecto Autoridades locales – Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria

Para entender plenamente el significado de las reuniones promovidas por los señores Lafaurie y Ordóñez en el Magdalena, es necesario analizar qué pasó en ese departamento durante la ofensiva paramilitar, la magnitud del despojo que tuvo lugar allí, y el apoyo que aquella ofensiva tuvo de amplios sectores tanto del estado como de las élites rurales. El departamento fue un epicentro del despojo, con amplio protagonismo de grandes ganaderos, políticos y funcionarios conformando, apoyando y promoviendo grupos paramilitares.

 

1. Presencia y actuación paramilitar

 

A partir de 1995 se crearon varias cooperativas de seguridad privada que a la postre se tornarían en unidades paramilitares: la Convivir ‘Conservar’ de Hernán Giraldo; la ‘7 Cueros’ y ‘Los Guayacanes’ del José María ‘Chepe’ Barrera, por citar algunos ejemplos. Después se conformaron otras unidades, a través o no de Convivir, y con el apoyo de grandes ganaderos y autoridades locales. Todo esto confluyó en la creación del temible Bloque Norte. La imagen 1 muestra cómo se ubicaron las diferentes unidades paramilitares en el Magdalena y otros departamentos.

 

Gráfica 1. Frentes más conocidos del Bloque Norte en los departamento del Magdalena, Cesar, Atlántico y Guajira.

 jhbhh

Fuente: Fiscalía General de la Nación, s.f.

 

El Bloque Norte fue extraordinariamente sanguinario. Jorge 40 y sus hombres cometieron en el departamento 80 masacres con un total de 521 víctimas, y buena parte de los hechos victimizantes como desplazamientos, desapariciones forzadas y homicidios mantienen sus picos más altos durante el periodo de su expansión (1998-2004).

 

Gráfica 2. Masacres en el departamento del Magdalena entre 1985 y 2009.

 Captura

 Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de la base de datos de masacres del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria http://www.observatoriodetierras.org/

 

Gráfica 3. Número de desplazados, número de homicidios, y casos de despojo o abandono según la Unidad de Víctimas

Captura 2

Fuente: elaboración propia a partir de cifras de la Unidad de Víctimas con fecha de corte al 1 de marzo del 2016.

 

2.  El despojo paramilitar en el Magdalena

 

El Bloque Norte fue altamente despojador en el Magdalena y otras partes del país.  Esta actividad de robo de tierras no tuvo lugar en un vacío institucional o social, como lo atestigua el conocido Pacto de Chivolo (Verdad Abierta, Yo estuve en el Pacto de Chivolo, 27 de abril de 2009)[1]. Según la Fiscalía, algunos de los políticos articulados al Bloque Norte, como Mileth Antonio Villa, contactaban a las víctimas del mismo municipio para sanear las deudas de las tierras y luego ocuparlas.

 

Naturalmente, todo esto estaba mediado por una brutal presión armada. En otros casos lo que tuvo lugar fue robo de tierras puro y duro. Este se llevó a cabo y legalizó gracias a la intermediación de funcionarios que se beneficiaban directamente de la operación, así como de poderosas figuras del mundo hacendatario; unos y otras estaban a veces emparentados. Es fácil encontrar a estas densas redes de despojo en acción (para más detalles ver Anexo 1, por ejemplo la trayectoria de Saúl Severini). Un caso ilustrativo es el del gran ganadero Cesar Augusto alias el ‘Tuto’ Castro, quien fue el principal beneficiario del robo de tierras en la subregión centro del departamento; su hermana Carmen Cecilia ejerció como alcaldesa en el municipio de Ariguaní. A su vez, su hermano Jorge de Jesús fue senador beneficiado por un distrito electoral dispuesto por el bloque paramilitar. En otros casos, encontramos que los usufructuarios del despojo tuvieron la doble calidad de políticos y desmovilizados. Tal es el caso de Ramón Prieto Jure, dos veces alcalde de Pivijay y desmovilizado del Grupo Pivijay, que se benefició de ventas forzosas en el municipio de Remolino.

 

Mientras esta relación entre paramilitares y autoridades políticas locales se fortaleció, miembros del Bloque Norte se ocuparon de la realización de trámites “legales” que buscaban formalizar su propiedad sobre la tierra. Tenían la aquiescencia de notarías y oficinas de registro para tal formalización. Igualmente contaron con la venia de funcionarios de instituciones agrarias como el INCORA, posteriormente el INCODER. A cientos de campesinos incorados, beneficiarios de la reforma agraria, les declaraban revocatorias y caducidades de sus títulos, seguidas de nuevas adjudicaciones a testaferros paramilitares: sólo para el año 2003 se revocaron 134 predios, siendo los municipios de la subregión centro los más afectados. Incluso operó una clara división del trabajo dentro del grupo paramilitar. Por ejemplo, alias Córdoba era quien servía de puente entre Jorge 40 –quien tampoco salió de la nada: como dice Lafaurie era «el amigo, el vecino, el compadre», definición que se aplica a muchas otras figuras de esta terrible historia– y funcionarios del INCORA para legalizar el robo de tierras.

 

3.  Sorpresas te da la vida

 

Muchas de las figuras que participaron en el episodio operaron a plena luz del día hasta hace poco; otras siguen haciéndolo hoy. A pesar de las graves acusaciones en su contra, el registrador de Plato, Carlos Guillermo Peñaranda, y el notario de Ariguaní, encartado por legalización de escrituras falsas, continúan ejerciendo sus cargos con normalidad. A algunos ex funcionarios del INCORA/INCODER como José Fernando Mercado Polo, ex gerente regional, se les han adelantado procesos o dictado medida de aseguramiento; pero a otros que también pudieron haber participado no les han tocado un pelo. Parecería un tema obvio para la Procuraduría.  No hablemos ya de figuras como la de Augusto ‘Tuto’ Castro, capturado solamente hasta octubre de 2012 tras la recompensa ofrecida por el Presidente, y luego, al igual que su hermana, beneficiado con casa por cárcel en el municipio de Ariguaní. Entre el 2007 y el 2012 Castro, apoyándose en entidades del estado, desalojó a campesinos de «sus» predios y después creó un ejército anti-restitución. (Verdad Abierta, Quién es el “Tuto Castro” 11 de octubre de 2012)[2]

 

La última denuncia de la Corporación Jurídica Yira Castro es ilustrativa acerca de la difícil situación que viven, en este contexto, los reclamantes:

 

“[los reclamantes] han denunciado como se viene orquestando un proceso organizativo anti restitución, detrás del cual presuntamente se encuentra Augusto Castro Pacheco ‘alias Tuto Castro’, Saúl Severini, la familia Cortina Calanche, un sujeto conocido como el Mono Bedoya, Gerardo Orozco (firmante del pacto de Chivolo) así como ganaderos de la región del sector del Difícil y San Ángel[3]

 

Además de José Norberto ‘Mono’ Bedoya, también se conoce de autoridades de la región que se oponen férreamente al proceso de restitución tales como Víctor Pimienta Gamero, que presuntamente sirvió al despojo administrativo de predios en Chivolo; el empresario vallecaucano Carlos Arturo Londoño Acosta, con predios en la vereda Oceanía; y el ex concejal de Fundación, José Norberto Bedoya, con predios en el corregimiento de La Estrella del mismo municipio. Algunos de estos personajes estaban sumamente bien conectados tanto con las autoridades locales como con el mundo gremial, mientras desarrollaban sus siniestras actividades.

 

Vale la pena recordarle al lector que era ABSOLUTA y totalmente imposible que las autoridades y gremios de la región no estuvieran enterados de que se llevaba a cabo esta actividad criminal. Comencemos con dos factores simples. Primero, el hecho de que fuera masiva y se ejerciera a la luz del día (en el Cuadro 2 se reseñan los casos de despojo estudiados por el grupo de investigación de Autoridades Locales del ORDPA en la región centro del Departamento del Magdalena; la lista podría ser incompleta). Segundo, como se dijo arriba, el despojo fue llevado a cabo por densas redes de funcionarios, políticos y terratenientes, a menudo emparentados entre sí y vinculados por negocios mutuos. Por ejemplo, Carlos Severini (hermano de Saúl), era gerente del Fondo Ganadero del Magdalena.

 

En los expedientes judiciales de este despojo masivo, aparece una observación reiterada por parte de las víctimas: que el estado las abandonó. Se alineó con los victimarios. Pese a la existencia del programa de restitución, que con todos sus límites rompe con ese alineamiento, las víctimas siguen con miedo, corriendo peligros, y viendo cómo políticos, funcionarios, y grandes ganaderos que participaron en estos hechos gozan de la impunidad o al menos de una plácida benevolencia. El señor Ordóñez no ha tenido sobre esto una sola palabra que decir, ni una acción que adelantar: su mirada es claramente selectiva. Las víctimas del paramilitarismo parecen no existir para él.

 

Adicionalmente, el Observatorio ha buscado acuciosamente declaraciones de Fedegán, o del señor Lafaurie, acerca de este despojo a sangre y fuego: condenas de las masacres, o del robo de tierras, o de las violencias asociadas a éste, en el momento es que estas tenían lugar a la luz pública, con significativa participación de gentes que eran miembros a su gremio, o cercanas a él. O alguna acción que diera alguna señal de que estuvieran en contra de estos desmanes. No hemos encontrado una sola. Ni una. Cero.

 

Es en este contexto que se puede entender a cabalidad el significado de las amenazantes declaraciones del señor Lafaurie: “La restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir” (ver: El Espectador, http://www.elespectador.com/noticias/politica/pelea-entre-ordonez-y-santos-restitucion-de-tierras-articulo-626376).

 

La pregunta que toca formularle es: ¿por qué medios impedirá que se produzca la restitución? Esperamos una respuesta.

 

Mientras llega, nuestro blog prepara una segunda entrega sobre este tema.

 

ANEXO 1.

Nombre Perfil
Mileth Antonio Villa Exconcejal y exalcalde de Chivolo, acusado de ser quien repartía las parcelas despojadas de la vereda Parapeto, Chivolo.
Saúl Severíni Ganadero, accionista de Coolechera, y paramilitar desmovilizado del Bloque Norte AUC, hoy prófugo de la justicia. Tras la desmovilización hizo parte de los grupos anti restitución de tierras.
Cesar Augusto alias el ‘Tuto’ Castro Ganadero y comandante paramilitar del Bloque Norte AUC, oriundo de Valledupar. Fue Secretario de Hacienda, entre otras ocupaciones de la administración pública de Valledupar. Extraditado a los Estado Unidos en 2008, hoy tiene casa por cárcel en Ariguaní.
Carmen Cecilia Castro Exalcaldesa de Ariguaní, anteriormente personera municipal y hermana de Tuto Castro. Recibió casa por cárcel.
Jorge Castro Exsenador, condenado por concierto para promover grupos armados al margen de la ley
Ramón Prieto Jure Exalcalde de Pivijay, firmante del Pacto de Pivijay y desmovilizado del Bloquen Norte.  Capturado en mayo del 2011, condenado por conformación de grupos ilegales, recibió casa por cárcel.
Carlos Guillermo Peñaranda Registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Plato, Magdalena. Ha ocupado tal cargo desde 1981 hasta la actualidad. Involucrado en investigaciones por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
José Fernando Mercado Polo Exgerente del Incora en Magdalena, acusado por cargos de concierto para delinquir con paramilitares y falsedad en documento público con el que despojaron a cientos campesinos de sus tierras en Chibolo, Pivijay y El Difícil. En el momento de su captura buscó acogerse a sentencia anticipada.
Joaquín Antonio Cortina Calanche Ganadero, investigado por acumulación indebida de baldíos, principalmente en el municipio de Plato. Involucrado en los casos de despojo de los predios Santa Martica y Marsam.
José Norberto ‘Mono’ Bedoya Exconcejal de Fundación, señalado de ser testaferro de Jorge 40. Involucrado en investigaciones por falsedad ideológica en documento público, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
Gerardo Orozco Firmante del Pacto de Chivolo
Víctor Pimienta Gamer Ganadero, hermano del exconcejal y firmante del Pacto de Chivolo Pedro Pimienta Gamero. Victor Pimienta era el encargado de testificar el abandonado de parcelas con el fin de conseguir la caducidad o revocatoria de las adjudicaciones por parte del Incoder y dejar a disposición las nuevas adjudicaciones al servicio del Bloque Norte.
Carlos Arturo Londoño Acosta Ganadero Vallecaucano, presuntamente involucrado en despojo de tierras en el municipio de Sabanas de San Ángel.
Carlos Severíni Hermano de Saúl Severíni, acusado de ser uno de los principales financiadores del paramilitarismo.

 

CUADRO Nº 2 CASOS DE DESPOJO DE TIERRAS REGIÓN CENTRO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Municipio Ubicación (o nombre Predios despojados Extensión (has) Violencia -estrategia de despojo Principal beneficiario del despojo
Chivolo Finca La Palizúa La Cantaleta (92), Providencia (119), El Mulero (601), Mulas Altamacera (601), Las Planadas (601), Santa Martica (601), La Boquilla (399) 3000 aprox Amenazas – Asesinatos ‘Tuto’ Castro mayor propietario final. Entre los 22 beneficiarios del Incora en el 2001 están los paramilitares Jaimer Marabith Pérez Pérez alias Tomás y Omar Montero Martínez alias Codazzi
Revocatoria- nuevas adjudicaciones
Chivolo Finca (hoy vereda) Canaán Canaán, No hay como Dios, El Caquetá, Vista Hermosa 1014 Amenaza- Venta forzada Jesús Antonio Torres Ospino era propietario en el año 2008 de los predios englobados. En el 2010 se vende al Incora a pesar de las quejas del propietario.
Chivolo Hacienda (hoy vereda) La Pola Santa Rosa (1195), La Tolua (344), El Radio (470), Villa Luz (262), La Pola Pequeña (755) 3000 aprox Amenazas- Asesinatos selectivos Jorge 40 que montó una base de operaciones e iba a repartir tierra según un documento encontrado por las autoridades en el 2006.
Escrituras públicas paralelas – revocatorias  
  La Tolua y Santa Rosa fueron objeto de restitución.
Chivolo Hacienda (hoy vereda) Parapeto   3000 Amenazas –traspaso de propiedades Edmundo de Jesús Gillén alias Caballo y Omar Montero Martínez  alias Codazzi, hombres al mando de Jorge 40
Chivolo Vereda El Encanto y Bejuco Prieto   1195,3856 Asesinatos selectivos – Venta y arrendamiento forzado Jorge 40
Revocatorias y adjudicaciones
Chivolo Hacienda El Pavo   12.000 Ventas forzadas – Propiedades cedidas Residencia de Jorge 40. Gustavo y José ‘El Mono’ Bedoya, ganaderos de la región, le vendieron un pedazo. También fue centro de operación paramilitar.
Fundación Veredas La Cristalina, El 50, Santa Clara, Sacramento y Santuario     Amenazas – Masacres – Homicidios selectivos Grupos paramilitares
Pivijay Corregimiento Los Playones 75 inmuebles 1322 Amenazas – Asesinatos selectivos – Deudas  – Segundos ocupantes Segundos ocupantes; y Salomón Meléndez quien tiene en manos la deuda de Asopromuca.
Pivijay Corregimiento Media Luna, Vereda Cinta Roja San José (100); Buenos Aires (103.5); La Esperanza 203.5 Amenazas – Robo de reses – Venta Frozada – Deudas – Asesinato a dueños Saúl Severini en todos los casos, José Calazán Lobato en el último. En el segundo caso el banco quita la tierra por no pagar una deuda.
Pivijay Vereda La Canoa La Isla y La Televisión (83) 83 Amenazas – Homicidio – Robo de reses – Venta forzada Omar Montero Martinez, alias «Codazzi», Neyla Alfredina Soto Ruiz, alias «Doña Sonia» y Enoc (Hijo de doña Sonia)
Pivijay Corregimiento La Avianca La Gloria, El Paraver y El Alivio   Amenazas – Masacres – Asesinatos selectivos – Torturas – Violaciones sexuales –  Venta bajo presión – Pueblo arrasado  
Pivijay Corregimiento Salaminita 37 predios   Amenazas- Masacres- Asesinatos selectivos- Pueblo arrasado- Ventas bajo presión Vicente Rueda Acevedo, Adolfo Díaz Quintero, Rigoberto Díaz Quintero, Carlos Rueda Acevedo, María Teresa Rueda Acevedo, y Priscila Perdomo Quintero
Pivijay   Finca Murillo (400); toro Sentao 400 Amenazas – Secuestro – Declaración de baldíos José Rosario Gamarra que se la vende a la multinacional israelí Agrifuels en el primer caso, y Edmundo Guillén Hernández ‘Caballo’ en el segundo caso
Plato   Santa Martica 600 Desplazamiento –  Levantamiento de medida de protección del predio – Poder notarial falso Joaquín Alfonso Cortina Calanche, Tuto Castro
Plato   Marsam 360 Falsificación de título de propiedad Joaquín Alfonso Cortina Calanche y el ex candidato a la alcaldía de Plato, Afle River.
Remolino Antigua Hacienda Los Patos en el corregimiento de Corral Viejo Fincas Suárez (168 ha), El Auxilio (50 ha); El Limón (1,62 ha); El Limón (2,22 ha); Trapichito (139 ha); Condazo  (66 ha); Los Malambos (30 ha); La Envidia (20 ha); La Esmeralda (32 ha); La Vega/María Cleotilde (20 ha); El Limón (4 ha); La Manga (15 ha); La Estrella (70 ha); Mandrea (55 ha); La Fortuna (100 ha); Canta Gallo (145 ha); Buenos Aires (28 ha); El Oriente (50 ha); El Purgatorio (39 ha); Los Hoyos (14 ha); Colorete (29 ha); El Roncador (20 ha); Corazón de Jesús (32 ha); La Esperanza (18 ha); El Desquite (26 ha); Todos no ven (59 ha) Roncador (2 de 20 ha) El Limón (49 ha); y Los Olivos (7 ha), según la Corporación Jurídica Yira Castro 1290,84 Amenazas – Ventas bajo presión – Legalización con notarios Rafael Hoyos Cañavera empresario y ganadero dueño de La Agropecuaria RHC, fue el mayor beneficiario con 27 de los 52 predios que componen la Microzona Los Patos (que son las fincas acá reseñadas).
También se benefició el ex diputado Domingo Ortega; el ex alcalde de Remolino (su hijo) Alexander Ortega Cantillo; el hermano del ex congresista Pedro Manuel Gamarra; y el desmovilizado y ex alcalde de Pivijay, Ramón Prieto Jure ‘Moncho’
Remolino Corregimiento de Santa Rita     Escrituras falsas – Suplantación de la identidad – Legalización con notarios – Ventas bajo presión Posicionamiento del Frente Tomás Guillén tras abandono total del corregimiento, luego se dan los mecanismos de despojo que registra la URT en canal de YouTube
Sabanas de San Ángel Vereda Las Sabanas de San Ángel Las Margaritas 40 Desplazamiento – Levantamiento de medida de protección del predio (Incoder) – Remate bancario Carlos Arturo Londoño
Sabanas de San Ángel   Resguardo indígena Chimila 1764 Desplazamiento forzado – Violencia  
Salamina Corregimiento de Guaimaro Villa Denis 405 Amenazas – masacres – adjudicaciones irregulares – revocatorias Narcotraficante Alberto Orlandez Gamboa alias ‘El Caracol’
Salamina Corregimiento de Guaimaro Los Playones de Laura y Castro 300 Amenazas – masacres – intimidaciones Ex alcalde de Salamina, Jorge Salah
Sitio Nuevo Vereda Caño El Burro Villa María 2,6 Violencia Abel Salgado
Sitio Nuevo Corregimiento Buena Vista, vereda La Trinidad Parcela 9 Grupo 21 23 Desplazamiento forzado  
Zona Bananera Corregimiento Orihueca Las Franciscas 1 y 2 130 Violencia – Intimidación – Venta forzada Agrícula Eufemia Ltda
Zona Bananera   Bomba, La Sara, La Olga y Circacia   Violencia – Desplazamiento forzado Familia Díazgranados y Díazgranados Abadía
Aracataca   Tranquilandia (1829) 1829 Amenazas- Asesinatos selectivos – Violaciones Sexuales – Endeudamiento – Ventas forzadas Segundos ocupantes (campesinos)
Ciénaga Corregimiento San Pedro de la Sierra Finca La Paz (60), Finca San Carlos (153) 213 Amenaza – Conformación de asociación que se opone al proceso de restitución Inicialmente comunidad gnóstica con acuerdos con el Bloque Resistencia Motilona. Auto de la Corte Suprema permite a 13 de los 24 iniciales volver.
Ciénaga Corregimiento de Siberia, Vereda La Secreta El Carreto (46.5620) y El Lirio (55,7013) 102,2633 Masacre – Amenazas – Ocupación por vía de hecho La Secreta es la vereda más restituida. La mayoría, incluso estos dos casos, retornaron y fueron obligados a continuar con cultivos ilícitos.


[1]
Ver: http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/1168-yo-estuve-en-el-pacto-de-chivolo-sp-1841527740


[3] Corporación Jurídica Yira Castro. Denuncia pública por hechos que atentan contra la comunidad restituida y en procesos de restitución en el municipio de Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel y otros, en el departamento de Magdalena, marzo de 2016.

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