Entre los 70 y los 90 un reprochable periodo transcurre en Medellín, el cual, dejó como legado a la ciudad dos temas desde el fenómeno del narcotráfico los cuales aún hoy día condicionan la dinámica cultural de sus habitantes. Uno de ellos, el sub-mundo narco, ha sido en los últimos años bastante aprovechado con fines “culturales”, series, novelas, películas y miles de libros que atestan la mente de los colombianos y el mercado en el extranjero. Pero lo que me interesa ahora es la narco-arquitectura como aquel ingrediente tangible de este noble legado que no ha sido un objeto importante de estudio, excluyendo por supuesto el componente judicial.

Muchos son los edificios incautados bajo la ley de extinción de dominio del 96, los cuales, siendo narco-arquitectura no poseen una diferenciación aparente frente otras construcciones opulentas de la misma ciudad como para establecer unos parámetros claros de caracterización. Entonces, los vínculos realmente interesantes esperan a ser revelados en el campo de lo experimental donde podría hallarse su esencia, es decir y parafraseando a Aldo Rossi, en una condición constante en el desarrollo de la forma y en lo que por si mismas significan.

Por lo anterior, el edificio Dallas, con su expresión de destrozo despierta alusiones manifiestas como uno de los símbolos de este sub-mundo. Pareciera además absorber el rechazo de la comunidad donde se emplazan y el país en general.
Podrían suceder experimentos de intervenir la ruina que enfrenten todos estos valores, la imagen del imperio de la coca y el intenso esfuerzo de la sociedad para sobrepasar dicho castigo, que trata de dejar atrás ese símbolo que aún hoy taladra la memoria colectiva de la gente de Medellín.
Éste edificio a su vez constituye todo un monumento en la ciudad colmándolo de valor extra, admite diversas aproximaciones y necesariamente redefine lo que en un entorno urbano puede ser o no ser un monumento, a la vez que desintegra la idea del monumento como erección digna de adoración.

Debo aclarar que la intención para esta entrada no es hacer un análisis riguroso de las calidades y condiciones de la vivienda en sus diferentes componentes de habitabilidad y de la posibilidad de acceso a la vivienda por parte de la población más vulnerable, el objetivo es realizar una mera comparación gráfica de donde puedan desprenderse imaginarios de ciudad…

Unas preguntas para que se hagan cuando lean el texto, realmente preocupante:

- ¿De dónde va a salir el terreno para esas 100.000 viviendas nuevas en nuestras ciudades? ¿se generarán más zonas de expansión urbana en nuestras ciudades incrementando el problema de la segregación socio espacial de la población, lo cual tiene impactos en la movilidad, empleo, sostenibilidad ambiental y demás?  ¿o acaso se piensa en densificar dentro del perímetro urbano existente?

Les recomiendo que analicen el impacto que está teniendo proyectos como ‘La Ciudad Verde’ -que solo tiene verde en su nombre- en el municipio de Soacha en Cundinamarca donde se está generando en su interior mas o menos una nueva ciudad equivalente a Zipaquirá totalmente aislada de sistemas de transporte, sin colegios ni sustento económico para que sus habitantes no deban desplazarse hasta Bogotá todos los días.

¿Será que este ejemplo de Soacha va a ser lo que el Gobierno Nacional realmente generará con estas nuevas 100.000 viviendas?

“Un millón de viviendas gratis por año, ¿no será un millón de problemas?”

La Ciudad Verde - ¿42 mil viviendas o 42 mil problemas? para este caso...

Viviendas gratis sin planeación de ciudad podrían ser guetos.

Bogotá D. C., abr. 26 de 2012 – Agencia de Noticias UN- Las 100 mil viviendas gratis por año destinadas a los más pobres anunciadas por el Gobierno, y cuyo proyecto de ley se presentará la próxima semana, sin una planificación, se convertirían en guetos.

Así lo expresó el experto urbanista español Salvador Rueda, en el Seminario Adaptación al Cambio Climático y las Locomotoras del Desarrollo, organizado por el Foro Nacional Ambiental y Fescol. Allí participó junto con un panel de expertos, entre los cuales se encontraban profesores e investigadores de la UN.

Rueda y los demás expertos, como el director del Instituto de Estudios Urbanos de la UN, Gerardo Ardila, indicaron que la sostenibilidad de las ciudades (entendida como una tendencia a generar la máxima diversidad social y ecológica y a mantener un consumo energético mínimo) está en peligro y que las iniciativas loables, como la anunciada por el Gobierno, podrían tropezar gravemente si no se aplica un ejercicio serio y profundo de planeación “para hacer ciudad”.

“Cuando uno lee en los medios: ‘un millón de viviendas gratis por año’, ¿no será un millón de problemas gratis? Y pongo en orden: si estas viviendas se levantan sin construir ciudad —es decir, sin resolver las condiciones de acueducto, alcantarillado, energía, telefonía, espacio público, orden y actividades de esparcimiento y recreación para las comunidades que allí habitarán, esto es, el propio urbanismo—, estaríamos condenando a estos habitantes a permanecer en guetos para siempre, porque no hay posibilidad alguna de que puedan superarlo”, declaró el profesor Rueda.

Además, insistió en no perder de vista la tendencia universal que indica que los precios de los carburantes o combustibles se van a multiplicar por dos o por cuatro en un futuro inmediato, por la lógica razón de que se están agotando. “En treinta años ya no habrá petróleo, en esto coinciden muchísimas fuentes de diferentes países y de la cadena petrolera. Y se refirió al caso español, para dar un ejemplo, donde el litro de gasolina cuesta 1 euro con 50 centavos (3.500 pesos colombianos) lo cual, para el experto, es una “horrible crisis”.

La solución para salir de esta encrucijada, según el experto, es redensificar a la ciudad, con el fin de que el transporte público funcione y haya menos carros en las calles y, por ende, el ciudadano tenga mejor calidad de vida, e incluso salubridad pública. “En Londres fallecen 12 mil personas cada año, por ‘muerte prematura’ causada por la contaminación. En Barcelona, 3.500, y en Bogotá, 1.500, aunque no creo que aquí sean tan bajas dichas cifras”, afirmó.

Su propuesta urbanística y ecológica tiene tres dimensiones, es decir, poner en funcionamiento techos y sótanos o subsuelo de las viviendas. Por ejemplo, para producir energía solar se requieren de los paneles con fotoceldas que estén ubicados en los techos de las viviendas. (Sauzalito, en Ciudad Salitre, funciona desde hace casi treinta años con estas celdas solares). Además, propuso construir tanques de almacenamiento para esa misma energía creada por el sol, con el fin de usarse en las estaciones frías, como ocurre en algunos barrios de Barcelona, donde ha participado en su diseño. El aumento de eficiencia energética es de 700% a 800%, dijo.

Y agregó que esta iniciativa debe hacer parte de la que llamó “ciudad compacta” (diferente a la ciudad dispersa del hoy, como Bogotá). Una que está pensada para el ser humano, con un sistema masivo de transporte integrado que funcione, con más medios alternativos de movilización, con consumo mínimo de energía, con uso de las aguas lluvia y grises y con espacios para la recreación y el deporte.

El IEU

Ante la pregunta sobre si el anuncio del Gobierno Santos era un “globo” político o un anuncio infundado (que se eleva en medio de la crisis invernal y la caída de la popularidad del presidente en las encuestas), el director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la UN, Gerardo Ardila, negó que se tratara de este hecho.

“Yo no creo que sean globos. Sabemos que Germán Vargas Lleras venía para el Ministerio de Vivienda desde hacía ocho o nueve meses, de manera que no veo que este anuncio sea una maniobra distractora. Toda la vida hemos pedido este trato institucional para la vivienda. Y ahora que nos lo dan no vamos a decir que está mal. No obstante, sí vemos que la idea contiene algo de improvisación”, declaró.

Lo que le causa preocupación al profesor es el anuncio del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, de destinar un presupuesto anual de 600 mil millones de pesos para este plan de vivienda, pues le parece muy bajo. “Con este monto se hará una subasta y le entregarán el proyecto al que más casas haga por esa plata. Allí es donde se duda de las condiciones y características de los planes de vivienda: dudamos de la calidad de las casas, de su tamaño y del urbanismo”, afirmó.

Ardila dijo que el plan esbozado y revelado hasta el momento supone alternativas, como la planteada por el ministro Vargas en el sentido de que sean los municipios los que entreguen el urbanismo y el Gobierno nacional las casas. Pero también despertaría peligros, como una  liberación de suelo urbano en todo el país. “Eso sí es complicado y peligroso desde el punto de vista ambiental, porque habrá mucha improvisación para ganarse los veinte pesos. Aquí siempre ocurre que los dueños del suelo son los que ganan con la especulación que hacen de su precio”, insistió.

En su intervención, también criticó los flacos resultados del Estado en cuanto a la sostenibilidad urbana, pues existe una avalancha de normas e inseguridad jurídica, una feria de documentos conpes (del Consejo de Política Económica y Social, con los cuales se destinan y aseguran los recursos para obras) y poca o nula cultura de la gestión del riesgo. Ni hablar de sistemas como Transmilenio, implementados en ocho ciudades colombianas.

“Un conpes no se le niega a nadie; por ejemplo, el 3964, dedicado exclusivamente a un proyecto concreto (la renovación mobiliaria del CAN, el Centro Administrativo Nacional), pero que contiene un componente inmobiliario claramente definido. Habría que recordarle al Gobierno que ese proyecto ocasionará plusvalías que debe pagarle a la ciudad”, resaltó.

En cuanto a la gestión del riesgo, reveló que el Gobierno tan solo hizo 67 talleres de pedagogía y sensibilización sobre este tema prioritario en igual número de municipios. Pero son 1.080 en todo el país.

Y preguntó si se presenta una debilidad institucional o un “secuestro privado de lo público”, al referirse a que el extinto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (ahora escindido en dos: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) estaba en manos de Camacol, el gremio privado de los constructores, y a que muchos funcionarios que tienen en sus manos decisiones urbanísticas son controlados por jefes políticos o padrinos de intereses. “Un ejemplo concreto son los  POT para La Calera y Sopó, que fueron financiados por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Los mismos funcionan para los intereses de la lonja y no por los de la ciudad”, puntualizó.

Este viernes 27 de abril, de 9 a 11 a.m., en la Plaza de los Artesanos de Bogotá, el experto Salvador Rueda dará una conferencia sobre urbanismo ecológico.