Por: Juan Manuel Quinche*
Como ha sido documentado en distintos procesos judiciales, luego de establecer el dominio militar sobre numerosos municipios del departamento de Magdalena, el comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, pensaba en fortalecer lo que llamaba ‘acumulado social’ o ‘soberanía comunitaria’. Es difícil saber a qué se refería teniendo en cuenta el limitado margen de acción de las poblaciones sometidas por el grupo armado, se trataba más de un lenguaje altruista que encubría actos delictivos. El escenario electoral a comienzos de siglo en el departamento del Magdalena es un buen ejemplo de lo dicho: se realizaron tres pactos políticos en los que el comandante paramilitar dispuso unos resultados electorales que fueron decorados con discursos sociales.
Los resultados electorales no sólo se blindaron mediante acuerdos verbales y escritos, sino que Jorge 40 también acudió a la Registraduría para reclutar a los juzgados electorales y expedir documentos falsos; fuera de ello ejerció presión armada sobre los potenciales electores. La coerción y los pactos voluntarios reforzaban una victoria segura, ¿para qué acompañarla de tantos eufemismos?
En la apropiación privada de lo público operó un lenguaje académico-político y el Pacto de Chibolo es un ejemplo de ello. Allí estaba en juego la candidatura del futuro gobernador, 13 alcaldes y 395 aspirantes a concejos y asambleas departamentales. Se realizó el 28 de septiembre de 2000, día en el que se escogió quiénes serían apoyados por el movimiento político-paramilitar Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida. A los candidatos seleccionados se les exigió que luego de la elección, dirigieran la contratación pública hacia la organización Mujeres de Provincia. En sentido contrario los otros candidatos y los opositores políticos fueron amenazados, teniendo que renunciar a sus campañas y a sus aspiraciones, todo lo cual correspondía a “una amplia política de integración regional […] hacia un proceso democrático ejemplar”., según se señaló expresamente en el Pacto.
Retóricamente se dio paso a una nueva división territorial con fines electorales. En el Pacto de Pivijay en noviembre de 2001 y el Pacto de El Difícil en octubre de 2003 se definió qué candidatos ganarían en cada municipio para los comicios nacionales y departamentales respectivamente. En el de Pivijay inclusive se nombraron tres ‘circunscripciones electorales’ (centro, ribereña y sur), que votarían por determinadas fórmulas de candidatos a la Cámara y el Senado.
Finalmente los usos retóricos políticos del lenguaje por parte de los paramilitares pasarían de la escena política a los procesos judiciales. Prueba de ello es la defensa de Neyla Alfredina Soto alias Sonia, acusada de favorecer a la ex alcaldesa de Fundación, Karelly Lara Vence. Al momento de declarar ante la Fiscalía alias Sonia apeló a la abnegación de sus actos: “nos reunimos, hablamos de las obras sociales, de política, de todo lo que nos concernía en ese momento”. Sumado a la coerción, el lenguaje de lo social fue usado para perfeccionar la consumación de toda clase de crímenes, allí es cuando los altos mandos paramilitares apelan a tales conceptos para justificar las conductas delictivas.
* Antropólogo. Investigador del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.