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Minería en Santa Rosa de Osos

Desde el siglo XIX, Manuel Uribe Ángel en su importante obra de Geografía General del Estado de Antioquia relata las condiciones mineras que hicieron que Santa Rosa de Osos estuviera situado sobre un banco de oro, la extracción como tal data de varios siglos más atrás.

Actualmente la empresa Red Eagle Mining tiene un proyecto minero en Santa Rosa de Osos que, según datos recientes de El Colombiano, implica una inversión de más de 120 millones de dólares y tiene unas perspectivas de negocio, a partir de finales de 2016 (8 años de veta abierta), de mil toneladas de minerales por día y cerca de 50.000 onzas de oro por año.

A raíz de esa actividad extractiva se han dado dos posturas en el pueblo del norte antioqueño, ambas erradas desde mi parecer. De un lado la posición oficialista, ligada a la actual administración municipal y a una parte importante de actores relevantes desde lo político y lo económico, que consideran que la actividad minera no representa un riesgo a las condiciones de vida actuales de los habitantes o se hacen los de la vista gorda si creen lo contrario. En todo caso tienen un trato favorable a la minera y se han dejado tentar por sus relaciones públicas y el dinero que traen en desarrollo del proyecto.

La segunda postura, de oposición, se niega rotundamente a aceptar cualquier tipo de actividad minera y ha dedicado sus esfuerzos a reclamar la salida del capital extranjero y el cese de todo tipo de exploración a futuro. Su relación con la minera es hostil, por no decir que nula.

Ambas posturas pecan en extremos y dejan de lado las discusiones de fondo que debe dar el pueblo ante su nueva realidad, algunos puntos centrales podrían ayudar a encaminar la discusión y lograr conciliar intereses que parecen, de entrada, contradictorios.

Hay una cosa que es evidente: el Estado colombiano es dueño del suelo y el subsuelo y como tal puede entregar en título la posibilidad de extraer los recursos naturales. En Santa Rosa la Red Eagle tiene un título legítimo que le permite llevar a cabo su actividad económica, cosa que ocurrirá por más que muchos quieran hacer una oposición ciega. En un plano menos utópico y más realista lo que se debe hacer es establecer consensos sobre la manera adecuada de llevar a cabo la actividad minera en los 8 años en que estará abierta la veta, compensando los daños ambientales y sociales que esto cause conforme a los preceptos de ley.

Mientras más siga parte de la opinión empecinada en la oposición obtusa y carente de propuestas, más daño causará la relación tensa con la minera en la medida en que ellos simplemente se dedicarán a sacar el oro en 8 años sin importarles lo demás y luego se irán sin haber compensado su actividad.

Lo primero que hay que hacer es establecer una mesa de concertación minera permanente y plural en donde la empresa exponga su plan de mitigación de riesgos y su plan de manejo ambiental  a representantes políticos, sociales y económicos que puedan presentar propuestas concretas de relacionamiento e interlocución en el plano de acciones a realizar para evitar daños ambientales, económicos y sociales producidos por la explotación de oro. No más reuniones en cuartos escondidos, esta mesa debe ser pública y abierta.

Aquí hay que hacer claridad en algunos puntos que son centrales desde la administración y la empresa minera. En cuanto a la administración es inaplazable modificar la estructura municipal y crear una dependencia a nivel de secretaría de despacho dedicada única y exclusivamente al tema minero, eso implica poner en el cargo a alguien con conocimientos técnicos y no al recomendado político de turno.

Además, los candidatos a ser alcalde en el próximo cuatrienio deben entender que la relación con la empresa debe ser cordial pero efectiva: nada de recibir regalos que complementen o llenen las fallas del estado local, de nada sirven las dádivas si la actividad minera se hace de manera irresponsable. Lo mínimo entonces es que ninguna campaña reciba sus dineros para financiarse.

En cuanto a la empresa, debe hacer un compromiso público de declarar en Santa Rosa el oro obtenido de la extracción para así, vía regalías, poder compensar los efectos de la actividad minera. Esto implica un acuerdo de transparencia en las declaraciones y además el compromiso de no ensuciar las manos de los políticos locales, un acuerdo en contra del lobby y la corrupción en donde su posición, bien asesorada, puede reportarle legitimidad y aceptación entre los actores locales.

La política se juega en el plano de lo real y por eso es vital que en la discusión, además de empresa y estado, participen los actores locales, por hay que conocer y poner a discutir las posiciones de iglesia, sectores académicos y sociales, candidatos a la Alcaldía y al Concejo, para así lograr acuerdos y acciones puntuales que mitiguen los riesgos.

Son 8 años de veta, que mal administrados, pueden ser más de cien años de soledad.

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