Que las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento (APS) tengan tarifas adecuadas, y que por lo menos cubran sus costos operacionales y de administración, ha sido un tema preocupación del BID desde el inicio de su mandato. Datos recientes de un conjunto de empresas y países de la región, indican que en 6 de los 19 países analizados esta condición mínima de sustentabilidad financiera no se da.
En muchos países este desequilibrio financiero ocurre porque las tarifas simplemente no se reajustan con la inflación por muchos años. Una especie de “record” muestra los siguientes casos más notables:
1) IDAAN de Panamá, cuya última fijación tarifaria de agua potable fue en febrero de 1982 (más de 31 años), y hasta mediados del 2010 no cobraba nada por el servicio de alcantarillado sanitario; La inflación acumulada desde principios de 1982 hasta la fecha ha sido del orden de 60%.
2) WASA de Trinidad & Tobago, las tarifas se han ajustado sólo tres veces en los últimos 70 años: en 1937, 1985 y 1993; la inflación acumulada desde 1993 hasta la fecha ha sido del 200%.
3) En Argentina las tarifas de algunas empresas sanitarias no se han reajustado desde la crisis de principios del 2002; la inflación (oficial) acumulada desde entonces ha sido de 230%.
El no disponer de suficientes recursos propios procedentes de las facturaciones tarifarias de los servicios de agua y alcantarillado para cubrir sus gastos de operación y mantenimiento, exige a estas empresas prestadoras postergar, en muchos casos, algunos gastos imprescindibles (como ser el mantenimiento preventivo, medidas para reducir agua no contabilizada, o para mejorar su eficiencia energética, etc.). Ello naturalmente afecta negativamente la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Asi mismo, la empresa queda “capturada” por el respectivo Ministerio de Hacienda o Finanzas, el cual controla las transferencias o subvenciones que se hacen para cubrir este déficit operativo y para financiar las inversiones de expansión y mejora de los servicios. Naturalmente esto facilita la injerencia política en la toma de decisiones de las entidades prestadoras.
El estudio citado muestra también que hay varias empresas en países como Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay donde hay márgenes operacionales positivos, e incluso en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay hay empresas donde se dispone de un margen razonable para el pago del capital invertido.
La falta de recursos de las empresas prestadoras de los servicios de APS se aprecia también en los bajos índices de endeudamiento, aun en empresas que muestran una situación financiera saneada. El permitir que estas empresas puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento externas, especialmente en los mercados de capitales, constituye un desafío importante para el desarrollo del sector
Esta entrada fue publicada inicialmente en el Blog Volvamos a la Fuente del Banco Interamericano de Desarrollo
Para ver masentradas http://blogs.iadb.org/agua/