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Publicado el Juan Carlos Torres

La criminalización social de la protesta en Colombia

Las grandes transformaciones sociales que fueron conquistas en el mundo, se dieron siempre en legítimas manifestaciones, en las calles, exigiendo derechos comunes, algunas pacíficas otras apelando a formas violentas. En Colombia la protesta social hace parte del debate público, precedida por una dividida aceptación social y estatal, una parte por su contenido, otra por el activismo que se ejerce y por último, por la forma en sí de protestar.

El primer debate se da desde el gobierno, con la tentativa de erradicar o limitar la protesta social, a partir de la aplicación de tipos penales en el marco del activismo en la protesta. El último gran intento está precedido por el articulado que no prosperó en el Código Nacional de Policía y Convivencia, que buscó restringir la protesta espontánea, regulándola con permisos estatales para su realización so pena de las facultades policivas para su disolución, propuesta que hoy postula revivir, con otras arandelas, el Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien además ha sido categórico en aseverar que detrás de cada protesta social existen mafias organizadas financiándolas.

El segundo debate es de opinión y se da en el seno de la sociedad. Se basa en la percepción de la ciudadanía, unas libres y otras ideológicas sobre la protesta. La opinión es divida, algunas a favor y otras en contra, unos reconociendo los derechos que les asiste a la ciudadanía a protestar, otros rehusándose a la forma cómo se protesta.

El tercer debate lo auspicia el periodismo ideológico, con su marcada dualidad de discursos para cubrir la protesta social, uno para Colombia y otro para Venezuela, tildando de este lado del mapa a los protestantes de vándalos y terroristas; y del otro,  de opositores  indignados y oprimidos por la dictadura. Asimismo con el decálogo para el uso de la fuerza pública, donde nos inocularon condenar la tiranía policial con que en Venezuela se reprime la protesta y justificar las excesivas acciones del ESMAD en Colombia.

La protesta social no es ideológica entonces, y la forma de concebirla o desnaturalizarla tampoco debe serlo. La protesta social es universal y apolítica, y se activa cuando los gobiernos carecen de herramientas efectivas para atender las demandas sociales; en especial, afectando la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos. Es un ejercicio de exigencia social para visibilizar las demandas colectivas que subraya la responsabilidad de los gobiernos en su desatención.

El reciente y sensible debate  social y jurídico de la  criminalización de la protesta se ha centrado en especial, en el uso de acciones violentas e innecesarias en el marco de las protestas de los estudiantes. Aunque la protesta social es esencialmente pacífica, no ha sido ajena a la inserción de expresiones radicales que enlodan su buen propósito. Esta es una exigencia consensuada de la sociedad, un rechazo generalizado contras las expresiones violentas y minoritarias que  atentan contra los bienes públicos y privados. No obstante a lo anterior, la infiltración de sectores interesados en debilitar la protesta y adobarla para la represión policial contribuye a la colisión social contra los derechos de la protesta  y la afectación de su imagen.

Aunado a lo anterior, la puesta en marcha de la deslegitimación del activismo social que busca inhibir la protesta: difamándola, debilitándola, quebrantándola  y criminalizándola; señalando, hostigando, persiguiendo, encarcelando, torturando y hasta asesinando ciudadanos que hacen uso del derecho a la protesta, igualándolos al nivel de delincuentes y/o terroristas por el simple hecho de protestar.

Para la reflexión: cuando hay argumentos de sobra para protestar no es necesario apelar a la violencia porque se empañan los argumentos y se desvía del fin. Un gobierno que reprime la protesta social pacífica y busca enlodarla y restringirla jurídicamente no puede jactarse de democrático, está más cerca de un régimen dictatorial. No todo el que protesta es un insurrecto o subversivo. Cuando se trata de derechos colectivos, oponerse es un deber de todos. La protesta social merece más atención y menos prejuicio, requiere de un análisis de fondo lejos de ideologías o partidismos,  que exhorte  a interrogarse: por qué se hace, para qué y cómo se beneficia la sociedad de la protesta.

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