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Humedales Ramsar en Bogotá: ¿un saludo a la bandera?

Bogotá será la primera ciudad del país en proteger sus humedales bajo el Convenio Ramsar. Sin embargo, es poco probable que la denominación resuelva los conflictos ambientales de la administración y los sectores ambientalistas.

La Conejera es uno de los 11 humedales que ahora hacen parte del Convenio Ramsar. / Cortesía

Por: María Paula Rubiano
Periodista Blog El Río y El Espectador

Greenwashing es un término gringo que se refiere a esos golpes publicitarios de algunas empresas que, para mostrarse más amigables con el medio ambiente, se autodenominan “naturales”, “ecológicas” o “verdes”, aunque, en el fondo, siguen siendo lo mismo de siempre. Para muchos, lo que pasó la semana pasada con 11 de los 15 los humedales de Bogotá se parece mucho a un “greenwashing” institucional.

El pasado 6 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto sin antecedentes en el país. Ese día, cuando Bogotá cumplió 480 años de su fundación, se convirtió, además, en la primera ciudad de Colombia en tener humedales protegidos bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional que busca conservar las “características ecológicas y sus funciones y valores esenciales, para las generaciones futuras” de los humedales.

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Y si bien el secretario del Ambiente de Bogotá, Francisco Cruz Prada, aseguró que la denominación ratifica “el compromiso de protección, conservación y recuperación de humedales”, y su subsecretario, Óscar López, le confirmó a este medio que lo que quieren es reconocer la importancia de estos ecosistemas, los detalles de la denominación de 11 humedales Ramsar en la capital del país no muestran un cambio en las políticas que la Alcaldía de Peñalosa viene manejando.

“Ser Ramsar no es más que un papel”

Para entender mejor las críticas, hay que ahondar en lo que implica para un país, o para un ecosistema, ser Ramsar. Úrsula Jaramillo, investigadora titular del programa de Gestión Territorial del Instituto Humboldt, explica que para incluir un humedal en esta lista se necesita probar su importancia social y ambiental, pero que, precisamente por la diversidad de ecosistemas que recoge, no se puede crear un único manual de manejo para todos. Es obvio: un sitio Ramsar como los lagos de Tarapoto, en la Amazonia colombiana, no pueden tener el mismo plan de manejo que las más de 600 hectáreas de los 11 humedales sabaneros que acaban de entrar en la lista.

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En ese sentido, dice Jaramillo, “la declaratoria de área Ramsar por sí misma no significa nada más allá del papel. Es, simplemente, una figura que puede ser muy útil si se incorpora en la toma de decisiones y planificación territorial. No son áreas protegidas estrictas. Son unas áreas de manejo especial”, dice. Cada sitio Ramsar puede tener usos tan distintos como la pesca (caso Tarapoto), el turismo (como los de Xochimilco, en México) e incluso cierto tipo de actividad agrícola.

¿Pero quién define qué se puede hacer en cada área? ¿Quién redacta el plan de manejo que le presentan a la Comisión Ramsar? Saulo Usma, coordinador del programa de agua dulce de WWF, explica que la decisión es exclusiva del país que postula su humedal, pero que es fundamental construirlo con las comunidades que conviven con él.

Es precisamente en este punto cuando las cosas empiezan a complicarse, pues de acuerdo con diversas voces ambientalistas de la capital, el proceso se hizo a espaldas de la gente.

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Óscar López, subsecretario de ambiente del Distrito, le contó a El Espectador que los funcionarios de la Secretaría empezaron a trabajar en la denominación Ramsar hace aproximadamente año y medio.

Sin embargo, según Daniel Bernal, uno de los líderes de la ONG Humedales Bogotá, durante todo ese tiempo “nunca recibimos información ni invitaciones a esos procesos”. Asegura que, a pesar de que la fundación que coordina se ganó en 2015 el Premio de la Convención de Ramsar a Jóvenes defensores de los humedales, supieron del proceso en una socialización, cuando todo ya estaba definido.

En esa reunión, los miembros de Humedales Bogotá y de la Mesa de Humedales de Bogotá se dieron cuenta de que la denominación no movía, ni un milímetro, los planes del alcalde Enrique Peñalosa para los humedales, que incluyen la construcción de alamedas, ciclorrutas y senderos en materiales como el cemento dentro de estos ecosistemas.

Los planes, tal como confirmó el subsecretario López, “son los mismos que están establecidos en los planes de manejo que ya diseñó la Alcaldía. Los usos permitidos son los mismos que están definidos bajo los parámetros del POT”.

En el POT, la “recreación pasiva” permitida en humedales, incluye, desde el año pasado, senderos para bicicletas, peatonales, miradores y mobiliario propio de actividades contemplativas. “Ellos cambiaron el concepto más importante de la política distrital de humedales, la recreación pasiva, para construir ciclorrutas y senderos, sin consultarlo ni siquiera con la Mesa de Humedales”, expresa Bernal.

Además, de acuerdo con el líder ambiental, ha habido un recorte un presupuesto en el dinero que la Alcaldía dedica a estos espacios. Menos vigilancia en humedales como Santa María del Lago los han preocupado, así como la ausencia de guías ambientales en buena parte de ellos. Y si bien el Distrito confirmó que ha invertido más de $6.000 millones en la implementación de los planes de manejo, al cierre de este artículo no había enviado los presupuestos comparativos para saber cómo ha cambiado esa inversión.

Con este panorama, parece que un acuerdo entre ambientalistas y la actual administración está tan lejos como antes de la denominación. No obstante, hay quienes creen que sí es posible llegar a consensos.

Saulo Usma, de la WWF, dice que esta denominación valdrá la pena si ambos grupos entienden que “el manejo racional no solo se refiere a la conservación y uso, sino a una inteligencia en la forma en la que vamos a usarlos”.

Pone el ejemplo de las comunidades palafíticas, que reconocen la inundación y construyen de acuerdo con los pulsos de agua, con materiales ligeros que sean fácilmente reconstruibles. “Es fundamental hacer esas inversiones, que implican un riesgo económico, teniendo en cuenta los ciclos del agua y sus dinámicas”.

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