Este dos de octubre se conmemora en México la masacre de Tlatelolco de 1968, en la cual una manifestación de estudiantes fue atacada por miembros del ejército costándole la vida a más de cien jóvenes y a varios miembros de las fuerzas armadas. Este año la conmemoración debería tomar mayor relevancia, teniendo en cuenta dos incidentes que evidencian la fragilidad de los derechos humanos en México.
Una protesta estudiantil contra la muerte de seis jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. / AFP
Por Marcela Alcántara Guerra*, México D.F. / @marcealguerra
México es en muchos sentidos un país que ha sido pionero en la protección de los derechos humanos. Somos los orgullosos exportadores del “amparo”, una figura jurídica que protege a las personas en contra de actos de la autoridad, nuestros sistema electoral ha sido tomado como un ejemplo a seguir y nuestro Instituto Federal de Acceso a la Información es modelo de transparencia en el mundo.
Sin embargo, cargamos en nuestra historia setenta años de una dictadura de partido, desapariciones forzadas en las décadas de los sesentas y setentas y una guerra contra el narcotráfico que ha durado más de seis años y ha costado la vida de más de 100 mil personas. Este dos de octubre se conmemora en México la masacre de Tlatelolco de 1968, en la cual una manifestación de estudiantes fue atacada por miembros del ejército costándole la vida a más de cien jóvenes y a varios miembros de las fuerzas armadas. En México, decimos “Dos de octubre, no se olvida” a manera de homenaje cuando se menciona la fecha.
Este año la conmemoración debería tomar mayor relevancia frente a dos incidentes que en menos de dos semanas han puesto en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en México. El primero ocurrió el 30 de junio en Tlatlaya en el Estado de México cuando 22 personas murieron en un enfrentamiento con el ejército. Sin embargo, de acuerdo a varias fuentes que incluyen a la agencia Associated Press, la revista Esquire, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los presuntos delincuentes fueron en realidad ejecutados.
Lo anterior, constituye una ejecución extrajudicial y es una violación grave a los derechos humanos. Sin embargo, hace un par de semanas, el hecho tomó relevancia cuando autoridades como la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunciaron frente a los hechos. El pasado jueves los militares que participaron en el operativo fueron acuartelados y acusados de desobediencia para proceder con las investigaciones.
Por otra parte, el 22 de septiembre autobuses que llevaban a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y a un equipo juvenil de fútbol en el Estado de Guerrero al sur del país, fueron atacados por la policía municipal. El resultado fue de seis personas muertas y 54 desaparecidas. En este momento se sabe que algunas de las que fueron reportadas como desaparecidas estaban escondidas por temor. Pero de un número indeterminado de personas se desconoce su paradero. La región del Estado de Guerrero es conocida por su efervescencia social. En diciembre de 2011 dos estudiantes de la misma Escuela Normal murieron durante un enfrentamiento con policías cuando estaban desalojando una carretera en la que los estudiantes se estaban manifestando. En el caso del 22 de septiembre los policías involucrados podrían ser juzgados por homicidios y por el delito de desaparición forzada.
Un hombre muestra la imagen de su hijo desaparecido tras los enfrentamientos en la Escuela Normal de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. / AFP
En ambos casos la posición del gobierno ha sido reactiva ya que ha intervenido una vez que las violaciones a los derechos humanos han ocurrido y no de manera preventiva como es deseable. Las instituciones del Estado Mexicano han tomado la defensa de los derechos humanos como una moda a la que se le atiende solamente en apariencia. Ejemplo de ello es el Programa Nacional de Derechos Humanos que fue presentado en abril de este año. Uno de sus ejes principales es la correcta aplicación de las reformas de 2008 y 2011, que amplían en reconocimiento de derechos y renuevan el sistema de justicia en México.
Sin embargo, este tipo de sucesos pone en entre dicho que la voluntad del Estado para proteger derechos humanos vaya más allá de la imagen y de un discursos político. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tradicionalmente ha actuado en este tipo de situaciones, se encuentra en un momento de estancamiento debido a que renovará su presidencia en noviembre de este año y la actuación del Ombudsman esta siendo fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil. Inclusive un grupo de setenta organizaciones ha solicitado que sea sometido a juicio político.
Han pasado 46 años desde aquel histórico 2 de octubre, el cual es difícil de olvidar con la situación actual de los derechos humanos en México. Quizás ahora no tengamos una dictadura de partido, y no haya tanquetas disparando a estudiantes en una plaza pública pero el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, 6 en Guerrero y 54 desaparecidos no dista mucho de ese 2 de octubre que no se olvida.