El chavismo no ha titubeado al momento de armar uniformados y civiles. Desde abril de 2002 en adelante son cientos los casos documentados. La diferencia radica en que desde 2015 el uso de armas letales en manifestaciones es legal.
Caracas. Las autoridades venezolanas intentan contener una protesta antigubernamental. / AFP
Por Rubén Machaen*, México D.F. / @remachaen
El próximo 12 de febrero se cumplirá un año de las protestas estudiantiles en Venezuela que dejaron un saldo de 43 fallecidos y un sinfín de detenciones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). A pesar de los diversos videos que evidencian los excesos por parte de la GNB, las muertes no han sido esclarecidas por las autoridades. Quizá la evidencia más cercana sea el trabajo de investigación hecho por la -ya desarticulada- Unidad de Investigación del equipo del diario Últimas Noticias, otrora parte de la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias (GUN), titulado Uniformados y civiles dispararon en Candelaria el 12F, en el que se distingue cómo autoridades policiales arremetieron con armas de fuego contra civiles, situación que se prolongó en todo el país por poco más de un mes.
En lo que va de 2015, la situación política y económica del país no ha dejado de ser convulsa y el evento que más resuena en la opinión pública nacional e internacional, es la última resolución del Ministerio de la Defensa publicada en la Gaceta Oficial de 27 de enero, cuyo control militar de orden público incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” a fin de “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: un modelo para armar
“Dentro de la Constitución todo; fuera de ella nada”, dijo en 2008 el fallecido expresidente Chávez. El artículo 68 del texto reza que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
No obstante, un año después y en alocución pública espetó: “Doy la orden de una vez (…) a partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables”. Esta nueva resolución del Ministerio de Defensa parece dejar atrás los tiempos de “gas del bueno” mentado por Chávez y la implícita legalización de escenarios como los de febrero de 2014.
A pesar de los dimes y diretes dentro del chavismo, fue el mismo Chávez quien declaró en 2010 que “la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses (…) se los estoy advirtiendo: el Chávez pendejo quedó atrás”.
Cinco años después y al parecer haciéndose eco de esas palabras y con un margen de popularidad de 22% según la encuestadora Datanálisis, aunado a pesadas acusaciones de narcotráfico contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta, desde su comienzo, una crisis que parece no amilanarse. Prueba de ello, la legalización de uso de armas de fuego en manifestaciones civiles para salvaguardar lo que hoy se conoce como chavismo sin Chávez.
*Periodista venezolano. Bloguero invitado.