El MERIDIANO 82

Publicado el El meridiano 82

El derecho a la (in)justicia en México

El caso de Martín del Campo es uno de tantos en los que la justicia mexicana ha probado ser incompetente tanto para las víctimas como para los acusados.

https://www.youtube.com/watch?v=_76QRvmDekA

 

Por Marcela Alcántara Guerra / @marcealguerra

El 30 de mayo de 1992 Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio murieron asesinados en su casa en la Ciudad de México. Al día siguiente, Alfonso Martín del Campo, hermano de la fallecida, es acusado del doble asesinato y desde ese día ha permanecido casi 23 años en prisión. Sin embargo, en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría dictar su liberación pues hasta la fecha, Alfonso Martín del Campo afirma que es inocente y que la confesión con la que se la acusa fue obtenida bajo tortura.

El caso de Martín del Campo es uno de tantos en los que la justicia mexicana ha probado ser incompetente tanto para las víctimas como para los acusados. Desde el punto de vista del acusado y sentenciado, su proceso estuvo plagado de inconsistencias y fallas en el debido proceso. La más escandalosa quizás es la tortura que él dice haber sido sometido. De acuerdo a lo que se ha relatado ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Martín del Campo se encontraba durmiendo cuando escuchó la voz de su hermana pidiendo ayuda desde su habitación, al levantarse e intentar ayudarla fue sorprendido y atacado por dos sujetos que lo llevaron hasta su auto, donde lo encerraron en el maletero. Después de conducir hacia las afueras de la ciudad en auto chocó contra un árbol y fue abandonado ahí. Una vez que logró salir del maletero fue hasta una caseta de peaje donde se le brindó asistencia para llevarlo de regreso a su casa. Una vez ahí se enteró que su hermana y su cuñado habían sido asesinados.

Posteriormente, Martín del Campo fue llevado a las oficinas de la delegación Benito Juárez donde dice haber sido torturado por varios policías hasta que lograron que firmara una confesión que lo inculpaba del doble asesinato. Martín del Campo fue sentenciado poco tiempo después a 50 años en prisión.

En 1998 se presentó ante la CIDH una denuncia en la cual se alegaba la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por su detención ilegal y tortura. Consecuencia del ello se emitió un informe de fondo donde la CIDH recomendó a México su liberación inmediata ya que daba la razón a la denuncia de Martín del Campo. El caso fue llevado posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde por una cuestión de forma el caso fue desechado y no hubo ninguna sentencia. Sin embargo, el informe de fondo de la CIDH ha permanecido vigente y México lo ha incumplido desde entonces. Organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ya han pedido en varias ocasiones la liberación de Martín del Campo.

Por otra parte, la perspectiva de los familiares de Juana Patricia y Gerardo es radicalmente diferente. La noche en que ellos fueron asesinados, dejaron huérfanas a sus tres hijas pequeñas. Una de ellas inclusive recuerda haber visto a su tío asesinar a sus padres. Afirman que la tortura de Alfonso Martín del Campo nunca ocurrió y que él es el único responsable de la muerte de la pareja. Hasta el día de hoy la justicia mexicana los ha favorecido, en todos los recursos que se han interpuesto se ha confirmado la primera sentencia que lo declaró culpable.

En los últimos años México ha dado importantes avances en el andamiaje jurídico de protección de los derechos humanos de víctimas y acusados. Por una parte, en 2011 se reformó la Constitución para incluir una mayor protección a los derechos humanos. Por otra, en el 2013 se creó la Ley General de Víctimas que reconoció mayores derechos a la víctimas dentro del proceso penal. Por tanto, el caso de Alfonso Martín del Campo representa para México la oportunidad de poner en la balanza ambos enfoques.

La responsabilidad que tiene ahora la Suprema Corte de México es bastante grande. Debe enmendar una injusticia de 23 años, ya sea para un hombre inocente que lleva casi la mitad de su vida tras las rejas, o de una familia que pudiera ver libre a quien asesinó a sus padres. De cualquier manera, el caso ha puesto en evidencia la incapacidad de la justicia mexicana para garantizar los derechos humanos. Una incompetencia para tener un proceso penal sin la sombra de la tortura y las violaciones a los derechos humanos y para asegurar que la víctimas reciban justicia. Sea cual sea a decisión de la Corte habrá quienes afirmen que no se hizo justicia. Siendo esto consecuencia irremediable de un sistema de justicia que no da certeza ni a las  víctimas ni a  los acusados.

Comentarios