Al ratificar al superintendente financiero pese a la destitución el gobierno se equivoca. El funcionario presentará un recurso de reposición, que lo resuelve el propio procurador que lo destituyó. Se sabe de antemano que el procurador confirmará la destitución, como se sabía desde cuando formuló el pliego de cargos que esa acusación terminaría en destitución. El procurador Ordóñez no es amigo del gobierno, se vio en su oposición al marco jurídico de la paz. Entonces lo que el gobierno nacional está haciendo es un ejercicio de soberbia y de terquedad. La actitud del Presidente de la República de mantener al doctor Hernández porque sí, es la de un pulso caprichoso con el procurador, aunque tenga perdido ese pulso. Nada ayuda en estas circunstancias que el propio doctor Hernández carezca de carácter y diga que él hace lo que disponga el gobierno.
