En Estraval, está demostrado, hubo captación ilegal. Así lo decretó la Superintendencia de Sociedades. La captación ilegal es un delito castigado con penas de 10 a 20 años de cárcel. La captación en Estraval se realizaba a través de varias cooperativas controladas por los dueños y empleados de Estraval. Esas cooperativas eran seis y la Superintendencia de la Economía Solidaria, que vigila a las cooperativas, ordenó liquidarlas en septiembre pasado.
Se trata de: Cooperativa Progreso Solidario “Cooprosol”; Cooperativa Solidaria Nacional “Coopsonal”; Cooperativa Desarrollo Solidario “Coopdesol”; Coonalrecaudo; Cooperativa Multiactiva para la Proyección y Realización Social “Coopreal”; y, Cooperativa Multiactiva de Comercialización y Consumo, “Jota Emilio´s Cooperativa.
Estraval está en liquidación por captación, proceso que adelanta el doctor Luis Fernando Alvarado. Por eso es absurdo e inexplicable que dos liquidadores de las cooperativas, nombrados por Supersolidaria, estén saboteando la liquidación de Estraval.
Supersolidaria es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
La liquidadora de Coonalrecaudo, Coopsonal y Jota Emilio’s Cooperativa es Anna Karenina Gauna Palencia. Esta liquidadora, cuyos malos antecedentes son conocidos y no debería haber sido nombrada como liquidadora por el Estado, se opone al embargo que la Supersociedades decretó sobre los recaudos de libranzas que esas tres cooperativas reciben de las pagadurías y pidió revocar esa medida de embargo.
La liquidadora Gauna Palencia sostiene que el embargo solamente puede afectar los bienes de Estraval. Esto es de una ingenuidad que solamente se puede explicar si existe la intención de solidarizarse con las operaciones ilícitas que realizaba Estraval. Es un hecho probado que las cooperativas eran simples peones del ajedrez de la captación que montaron los dueños de Estraval. Esas cooperativas eran instrumentos para ejecutar el delito de captación ilegal.
No lo digo yo, lo dice la propia Supersolidaria que confirmó las prácticas fraudulentas. A una de las seis cooperativas la intervino en el 2012 pues les cobraba a los beneficiarios de créditos de libranza por servicios adicionales que encarecían el préstamo hasta en un ciento por ciento. Eso ocurría en Coopdesol, según Supersolidaria:
«Coopdesol continúa presentando un alto número de quejas por la prestación de servicios a sus asociados relacionados con ventas atadas a la prestación del servicio de crédito, por cuanto en el pagaré que soporta la obligación principal se incluye el valor de servicios tales como: asistencia hogar, asesoría jurídica, protección de servicios odontológicos o médicos entre otros, con destino al fondo social; que no obstante ser aceptados por los asociados se cobran dentro de la libranza y pagaré que soporta el crédito solicitado, lo que hace que se encarezca en algunos casos hasta el doble el valor del crédito».
Supersolidaria reconoció además que esa cooperativa era manejada por Estraval:
«La cooperativa sirve como recaudadora de obligaciones que ya se encuentran a favor de personas jurídicas mercantiles como son Estrategias en Valores (Estraval) y Fidupais.»
Tan absurda como la actuación de la liquidadora Gauna Palencia es la del liquidador de la cooperativa Cooprosol, Carlos Enrique Cortés Cortés. Este también se opone al embargo decretado en la liquidación de Estraval. Sostiene que las cooperativas no pueden ser intervenidas por captación, que los recursos cuyo embargo fue decretado provienen de mesadas pensionales y salarios de terceros de buena fe, que no deben verse afectados por las medidas de intervención. Además quiere que se modifique el contrato firmado por el liquidador de Estraval con Fiduagraria para recibir los recaudos de libranzas. Es decir lo que pretende es sabotear la liquidación por captación.
La posición del liquidador Cortés Cortés no es de buena fe. En septiembre, Supersolidaria dejó constancia de que Cooprosol, la cooperativa que él liquida, «no estaba realizando las actividades relacionadas con el objeto social principal de la organización, en razón a que dichas actividads fueron delegadas contractualmente a la sociedad Técnicas Financieras», filial de Estraval. Es decir la cooperativa estaba secuestrada por Estraval.
También existe constancia en la resolución de Supersolidaria que ordena la liquidación de Cooprosol que en esa cooperativa se presentaron prácticas inseguras y prohibidas. Además «las cifras de los estados financieros NO reflejan la realidad de la entidad», pese a que la cartera de créditos «tendría un valor de $45 mil millones». ¿Cómo puede decir el liquidador Cortés Cortés que hay que proteger a los terceros de buena fe cuando está demostrado que Cooprosol era una cooperativa ilegal que andaba manga por hombro y se manejaba como entidad de bolsillo dentro del engranaje de la captación montada en Estraval?
Ambos intentos, el de la liquidadora Gauna Palencia y el del liquidador Cortés Cortés, fueron rechazados por la Superintendencia de Sociedades, que les recordó lo siguiente:
1. La intervención por captación busca suspender la captación o pirámide y organizar la devolución de dinero a favor de los afectados.
2. El embargo de los dineros que las cooperativas que iban dirigidos a Estraval tiene como fin restituir los dineros que pertenecen a los afectados.
3. Las medidas que toma la Supersociedades en las intervenciones por captación son medidas judiciales, es igual que si las hubiera dictado un juez de la República y son de obligatorio acatamiento: «La desatención a las órdenes impartidas por este Despacho equivale al incumplimiento de las órdenes proferidas por un Juez de la República.»
4. Queda en firme el embargo de los dineros que debían pagarse a Estraval como recursos provenientes de las pagadurías que realizan descuentos por libranzas.
5. Las cooperativas sirvieron de base para la captación ilegal y por lo tanto procede el embargo. El embargo «no se restringen a los bienes que conforman el patrimonio de las citadas personas, sino que se extiende además a los negocios y las operaciones de éstas, y especialmente aquellos que hayan servido de base para la captación masiva e ilegal.»
6. «De los antecedentes del proceso y de las pruebas recaudadas en el expediente, el Despacho encuentra que las obligaciones contenidas en los pagarés-libranza que documentaban los créditos otorgados por las cooperativas recurrentes son parte fundamental de la operación a través de la cual se captó ilegalmente dinero del público.»
7. El embargo no afecta los aportes de los asociados de las cooperativas: «Debe resaltarse además que la medida decretada por el Despacho no recae sobre los aportes de los asociados a las cooperativas, sino sobre los dineros que lleguen a ingresar del recaudo de la cartera constituida por los pagarés- libranza. En este sentido, carece de fundamento la alegación del liquidador de Cooprosol respectyo de la inembargabilidad de tales aportes pues, se reitera, ellos no son el objeto de la medida cautelar.»
8. Si los liquidadores Gauna Palencia y Cortés Cortés no acatan las órdenes del juez, que en este caso es la Supersociedades, serán denunciados penal y disciplinariamente: «Este Despacho tiene facultades especiales para poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre las posibles infracciones disciplinarias o penales, en especial aquellas que surjan del incumplimiento de decisiones judiciales.»
Es vergonzoso que estos dos liquidadores, en lugar de acatar y apoyar la gestión de Supersociedades, estén actuando como si fueran abogados de los responsables de la captación ilegal.
Y es vergonzoso que la Superintendente de la Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez Dueñas, haya nombrado a Anna Karenina Gauna Palencia como liquidadora de tres cooperativas donde hubo fraude a dineros captados del público y fraude a las cooperativas.
El periódico El Tiempo publicó el 27 de febrero de 2014 que el Consejo de Estado dejó en firme la sanción de suspensión impuesta por la Contraloría contra Anna Karenina Gauna Palencia:
«La Contraloría había ordenado la suspensión de la funcionaria como liquidadora porque después de más de 7 años de actuar como liquidadora de la Fundación San Juan de Dios no constituyó la masa liquidadora, presentaba un desorden contable al no tener claramente identificados los bienes de la fundación y la amenaza de ruina de las edificaciones como la del hospital San Juan de Dios.»
En comunicado del 23 de septiembre de 2016 la Superintendente Mariana Gutiérrez Dueñas señaló:
«Es muy importante que trabajemos conjuntamente con la Superintendencia de Sociedades, -ya nos hemos reunido en varias oportunidades para tratar este delicado asunto-, para que los recursos que actualmente se encuentran en las cooperativas, sean destinados bajo la salvaguarda del Estado, a quienes se han visto afectados con estas prácticas ilegales.»
Palabras falsas porque dos liquidadores nombrados por Gutiérrez Dueñas buscan precisamente lo contrario, que los recursos de las cooperativas no los reciban las víctimas del delito de captación. Estos dos liquidadores no inspiran confianza, deben ser removidos.
Es inaudito que el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que dicen que es el mejor Ministro de Hacienda de América Latina, y el mejor ministro del gabinete, sostenga en su cargo a una funcionaria no idónea como Mariana Gutiérrez Dueñas.