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Fue decidida a favor del liquidador del Fondo Premium una tutela que buscaba obligarlo a responder un cuestionario de 25 preguntas.
La tutela fue presentada por Gonzalo Guillén Jiménez ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual falló en su contra.
Guillén Jiménez presentó un derecho de petición ante el liquidador, Alejandro Revollo. Este le respondió que el expediente de la liquidación de Premium es público pero que el derecho de petición no se aplica a la liquidación porque este es una actuación judicial que se rige por las disposiciones propias de un proceso.
El tribunal le dio la razón al liquidador al afirmar:
«No pasa inadvertida la forma y contenido del cuestionario presentado, puesto que, más allá de la búsqueda de información, lo que se alcanza a vislumbrar es la exigencia, por el accionante, de explicaciones frente a la gestión realizada por el agente liquidador, ámbito en el cual el derecho de petición no tiene cabida, puesto que es el marco del proceso de liquidación y por las partes legitimadas para el efecto, donde se pueden exigir la rendición de cuentas y, de considerarse procedente, impulsar la actuación de los organismos de control».
Añadió el tribunal: «El agente liquidador de los fondos Premium dió alcance a la petición formulada por Gonzalo Guillén Jiménez, en el marco de su competencia explicando las razones procesales que el impedían responder al cuestionario presentado. De esta forma atendió las pautas legales que le correspondían, sin afectar los derechos fundamentales del accionante, por tanto, el amparo constitucional se negará».
La decisión la tomó el magistrado Juan Carlos Arias López.