Bonos Agua: contra y pro

Alberto Carrasquilla, como empresario de inversiones y ya siendo ex ministro de Hacienda, lanzó los Bonos Agua, que recientemente tuvieron que ser rescatados por el gobierno. Los Bonos Agua facilitaban dinero a los municipios para acueductos y obras de saneamiento ambiental. Presentamos dos puntos de vista. El de un grupo de expertos que critican los Bonos Agua y al final el punto de vista del ex ministro Carrasquilla.—————————–

Una vez analizada la propuesta sobre la posible redención anticipada de los conocidos “Bonos Aguas” para inversionistas y “Plan Carrasquilla” para las entidades territoriales podemos concluir lo siguiente:

· Entre perdedores y ganadores, se tiene una claridad muy dimensionada en que solo existió un ganador, Los señores de Konfigura (Llámese Patrimonio Autónomo Emisor y Prestamista, llámese Alberto Carrasquilla y Andrés Flórez, Llámese grupo estructurador). La explicación:

* La emisión de Bonos estuvo por encima de los recursos demandados por las entidades territoriales, es decir que existió una mayor demanda por los títulos que por la necesidad de los municipios de recibir recursos, con esto queremos decir que a diferencia de cualquier emisión de títulos de renta fija el match entre demanda y oferta nunca fue la misma. Inicialmente existió una diferencia aproximada de 40 mil millones de pesos que se recibieron de mas, los cuales fueron recibidos y justificados por el grupo Konfigura dentro de los gastos de estructuración, comisiones y otros.

* Durante unos cinco años aproximadamente el grupo estructurador recibió 300 puntos básicos por su intermediación en la colocación de los bonos y los créditos, (diferencia entre UVR+11 – tasa pagada por las entidades territoriales y UVR+8 – tasa ofrecida a los inversionistas) lo cual representó aproximadamente unos 14 mil millones de pesos en ingresos anuales para el grupo estructurador.

· Los perdedores, Entidades Territoriales y los Inversionistas, la explicación está dada a continuación:

* Miremos con detenimiento la financiación que se otorgo a los 117 municipios, quienes pignoraron las vigencias futuras del SGP-APSB con la finalidad de desarrollar proyectos de acueducto y alcantarillado, ejecutar planes y solucionar el problema de agua potable en el municipio, revisando su ejecución tenemos tres escenarios reales

§ Primero: Municipios que diligentemente emplearon el crédito recibido y adelantaron obras y ejecutaron los planes presentados para la obtención del crédito

§ Segundo: Municipios que utilizaran los recursos en otro tipo de “planes” menos en lo que debían

§ Tercero: Municipios que nunca utilizaron los recursos pero si pagaron durante el tiempo los intereses onerosos que así quedaron estipulados en el contrato de crédito

* Podemos tener como conclusión que durante cinco años los municipios pagaron intereses desproporcionados, nunca se realizaron abonos a capital y el dinero obtenido a través del Plan Carrasquilla finalmente no se empleo según lo propuesto, pues el seguimiento y la socialización para tal efecto fue deficiente o nula por parte de los estructuradores.

* Ahora, los inversionistas como grandes perdedores: nuevamente aquí tenemos más secuelas de la caída de Proyectar Valores y de Interbolsa, pues una parte de los inversionistas por así llamarlos fueron personas naturales o jurídicas que terminaron siendo tenedores “forzosos” de estos bonos cuando al estar fondeando la compra de estos títulos en las sociedades comisionistas de bolsa anteriormente mencionadas, resultaron con inversiones permanentes y definitivas ya que el mercado secundario de estos bonos realmente no existía dentro del mercado de valores, pues bien claro es que estos títulos nunca gozaron de buena reputación en el mercado de valores y que nunca fueron bien vistos ya que con ellos se manipularon precios y fueron a su vez parte de operaciones sospechosas en el mismo mercado. (en su momento manejados por proyectar valores y después por interbolsa).

* Pero no solamente fueron estos inversionistas los que perdieron, aquí tenemos una mayoría dentro de los inversionistas, quienes estuvieron adquiriendo estos bonos de manera permanente, y son los FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS (propiamente dicho Porvenir y Protección). Que indirectamente somos los colombianos, pues desafortunadamente los fondos de pensiones con el cumplimiento de una rentabilidad mínima establecida están salvando su responsabilidad sobre el tema, pues no existe ley alguna que pueda demostrar algún tipo de responsabilidad fiscal en las actuaciones de los fondos privados y hacerlos responsables por las frecuentes de perdidas en la administración de recursos

* En resumen la pérdida para los inversionistas está dada por el precio de compra y el precio de venta de los mismos, que de acuerdo a la propuesta aceptada el precio final de redención o de venta por parte de los inversionistas estaría entre un 92 y 94 por ciento del valor nominal del título adquirido. Y se podrán preguntar por qué no se hizo al precio del 100 por ciento del valor nominal, pues fácil entenderlo…recordemos que el match entre colocación y emisión nunca fue de uno a uno, así que la utilidad recibida inicialmente por el grupo de estructuración tendría que ser descontada de algún lado.

40 MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO CRITICOS EN BONOS DE AGUA

MUNICIPIO

OBSERVACIÓN

1. Soacha (Cundinamarca):

el crédito fue adquirido en el mes de mayo de 2010 con una pignoración equivalente al 37% de los recursos del SGP-APSB. A la fecha de la visita, no se había ejecutado el 96.2% de esos recursos.

2. Montelibano (Córdoba):

el crédito fue adquirido en el mes de mayo de 2011 con una pignoración equivalente al 16.4% de los recursos del SGP-APSB, de los cuales no están comprometidos el 39% y el 61% restante fueron comprometidos en estudios de preinversión sin que a la fecha se presente ejecución en obras.

3. San Estanislao (Bolívar):

se pignoró el 25% de los recursos del SGP-APSB, los cuales fueron ejecutados en contratos de prestación de servicios y suministro de bienes y servicios amparados en el fenómeno de la ola invernal.

4. San Jacinto del Cauca (Bolívar)

se adquirió el crédito por $2.263 millones y la administración actual desconoce la destinación de esos recursos. No se evidencia ejecución de obras en el sector.

5. San Carlos (Córdoba):.

el municipio interpuso acción de nulidad contra los actos administrativos que autorizaron la adquisición del crédito. Los recursos se ejecutaron en compra de bienes inmuebles de la zona rural y están abandonados

6. Caldas (Antioquia):

se celebraron convenios interadministrativos sin la observación de los requisitos legales. Se encontraron deficiencias en la planeación para la adecuada ejecución de las obras contratadas; no son funcionales y se requiere de más recursos para que ponerlas en operación.

7. Caicedonia (Valle):

se encontró una diferencia entre los proyectos aprobados por el concejo municipal frente a los incluidos en el convenio interadministrativo suscrito para la ejecución de los recursos. El municipio no cuenta con las licencias de legalidad de predios y servidumbres.

8. Clemencia (Bolívar):

se contrató la segunda etapa del sistema de alcantarillado pero no podrá ponerse en funcionamiento ya que no se cuenta con la laguna de oxidación.

9. Santa Catalina (Bolívar):

el desembolso del crédito se produjo en diciembre de 2009 pero a la fecha la totalidad de las obras contratadas están suspendidas.

10. Bosconia (Cesar):

los recursos se ejecutaron directamente a través de un convenio interadministrativo. Las obras contratadas están suspendidas y otras no son funcionales.

11. Taraza (Antioquia):

$3.300 millones fueron comprometidos en un solo contrato de obra que a la fecha solo presenta un avance del 50% en su ejecución. La administración actual encontró serias irregularidades en el manejo de los recursos, lo cual puso en conocimiento de los entes de control.

12. Ariguaní (Magdalena):

se encontraron deficiencias en los estudios previos para la contratación de obras. El tiempo inicial de ejecución de la obra se ha triplicado sin que a la fecha se hayan recibido. No se encontraron soportes sobre la gestión de la interventoría.

13. Onzaga (Santander) :

Las obras de acueducto construidas están generando hundimientos en las vías intervenidas y en el caso de la obra de alcantarillado no se evidencia mejora toda vez que la gran mayoría de casas deben seguir usando la red antigua por problemas técnicos de conexión al colector principal y este último converge con el antiguo en el tramo final del casco urbano, el cual no cuenta con una Planta de tratamiento de Aguas Residuales apropiado.

14. Calima El Darién (Valle del Cauca) :

La inversión está en un predio que no es propiedad del municipio y técnicamente para que funcione, se requiere más recursos para su correcto funcionamiento y hubo fraccionamiento de contratos (compra de materiales para unidades sanitarias que no son soportadas)

15. Polo Nuevo (Atlántico):

Con los recursos del crédito se realizó la construcción del sistema de acueducto en el Corregimiento de Pitalito, sistema operado por la Empresa Tripe A; sin embargo, aproximadamente el 35% de los recursos del crédito se destinaron a la construcción del sistema de alcantarillado en este corregimiento, obra que no es funcional debido a que no consideró en esta etapa ningún sistema de bombeo que pudiera llevar las aguas residuales a un sitio final de disposición y tratamiento. Se observa una posible falta de planeación en la construcción del sistema de alcantarillado ya que no se encontró evidencia de diseños de una segunda fase que permita la evacuación y puesta en funcionamiento del sistema; adicionalmente, se requiere de inversión adicional para la terminación del sistema.

16. Palmar de Varela (Atlántico):

Con los recursos del crédito el municipio realizó la Reposición de las redes de los sistemas de acueducto, optimización y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario existente, adecuación y rehabilitación de la planta de tratamiento; sin embargo, la obra ejecutada no es funcional y se ha requerido de mayor inversión (recursos de regalías) para tratar de lograr la funcionalidad de las obras inicialmente contratadas.

17. El Peñón (Bolívar):

existen varias obras inconclusas que requieren recursos para su terminación y adicionalmente para cumplir con el objeto (suministro agua potable) se requiere de la inversión en la construcción de redes en los corregimientos.

18. San Martin de Loba (Bolívar):

Inversión en un relleno sanitario que de acuerdo con la CAR de Bolívar no puede funcionar en el lote donde fue construido.

19. Barranco de Loba (Bolívar

): las inversiones efectuadas no eran las requeridas, y las obras realizadas presentan deficiencia técnica (filtraciones).

20. El Guamo (Bolívar):

El sistema de captación construido en general cumple con las características y componentes típicos de este tipo de estructuras. Sin embargo, en la actualidad el sistema no está en operación, por lo cual no es funcional. La entrada en operación de dicho sistema depende de la construcción de la segunda etapa del acueducto.

21. Cantón de San Pablo (Chocó):

Este corregimiento no tiene acueducto, dado que este proyecto se formuló en el marco de las inversiones de la nación pero hasta el momento el proyecto no ha sido viabilizado. Los demás recursos no se han empezado a ejecutar

22. Lloró (Chocó):

Se observó el estado de deterioro, abandono y vejez de las obras visitadas y no se evidenció ningún tipo de mejora u optimización en su funcionamiento. Para los contratos de mejoramiento del acueducto de la comunidad de Ogodó y optimización del acueducto del corregimiento de Boraudó, las actividades y las cantidades de obra ejecutadas no son concordantes con lo evidenciado en la visita. La documentación contractual está incompleta y de los proyectos visitados no se tiene soporte de estudios previos.

23. Gambita (Santander):

El plazo de ejecución del convenio a través del cual se ejecutaron los recursos venció y a la fecha de la visita no se ha liquidado, ni se han recibido formalmente las obras.

24. Santa Rosa de Lima (Bolívar):

El sistema de alcantarillado construido no ésta en funcionamiento, debido a que no se consideró en ninguno de los ítems del contrato actividades de construcción y bombeo, de la línea de impulsión y sistema de tratamiento, tampoco se ha realizado proyectos adicionales para la construcción de los demás componentes del sistema de alcantarillado que permita poner en funcionamiento las obras realizadas con recursos del crédito.

25. Ábrego (Norte de Santander):

Parte de los recursos se ejecutaron sobre la base de una necesidad inexistente en el momento de la contratación, es decir se construyó un sistema de acueducto y alcantarillado para un lote donde se construiría una urbanización sobre la cual no se tenía certeza y quedó inconclusa por temas de planeación (tras dos años de la entrega de las obras (2010) aún no se había iniciado la construcción de la urbanización).

26. Rio Viejo (Bolívar):

Se ejecutaron directamente los recursos a través de la suscripción de un convenio con un prestador de servicios públicos por $1.645.217.858, los cuales se pagaron en su totalidad pero las obras no han sido recibidas por el municipio.

27. Carmen del Chucurí:

Requiere recursos para construir nuevamente la plata de tratamiento de agua residual.

28. Norosí (Bolívar):

Se firmó contrato para la construcción de la red de alcantarillado, el mismo se encuentra suspendido, las obras no se encuentra finalizadas.

29. Carmen del Darién:

En la visita se evidenció que ninguno de los cuatro acueductos está en funcionamiento, y que la mayoría de las unidades sanitarias construidas en Montaño, no funcionan, en gran parte debido a la falta de buena calidad de los materiales con que fueron construidas dichas obras. De acuerdo a lo manifestado por las comunidades durante la visita, y por quienes eran los operadores de los acueductos, cuando fueron entregados a la comunidad, dos (2) de los acueductos nunca han estado en funcionamiento, debido a que en el momento de la puesta en marcha, el agua suministrada presentó fuertes y desagradables olores y sabores, por lo que se recomienda evaluar otro tipo de captación o de toma de agua, diferente a la de suelo profundo.

30. Morales (Bolívar):

Se firmó contrato interadministrativo con ACUASAN para la ejecución de 4 obras, las obras se encuentran finalizadas, pero en el área urbana el acueducto y la red de distribución presentan graves problemas en su funcionamiento, en el área rural, 2 acueductos no se encuentran en funcionamiento y el restante presenta falencias en su funcionamiento.

31. Margarita (Bolívar):

No hay información de la ejecución de los recursos, las obras son unas plantas de tratamiento para el municipio y las cabeceras municipales, las obras se encuentran abandonadas por incumplimiento del contratista.

32. Suarez (Cauca):

Las obras ejecutadas no son funcionales teniendo en cuenta que hubo error en la planeación, no se cuenta con los estudios previos para la construcción de la misma y falta legalidad en algunos contratos (Firma de convenios).

33. Concordia (Magdalena):

Las obras correspondientes al contrato 001 de 2011, a la fecha de visita no ha sido entregadas al municipio.

34. Pedraza (Magdalena):

Los proyectos ejecutados con los recursos del crédito no están incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Si bien se recibieron las obras a satisfacción, se notan fallas constructivas y de baja calidad técnica. Las plantas de tratamiento están abandonadas y no son operadas; las viviendas circunvecinas no tienen redes para eventualmente beneficiarse de la obra ejecutada con los recursos del crédito.

35. San Zenón (Magdalena):

En cinco corregimientos las plantas de tratamiento no están funcionando.

36. Acandí (Chocó):

la funcionalidad de las obras, debido a que se requiere incluir algunos elementos como tapas, válvulas reguladoras de presión, acometidas, revestimientos, y la revisión de algunas obras que han fallado en su operación, tales como tanques de almacenamiento (San francisco y Peñaloza), estabilidad en la línea de conducción (Caso San Miguel, en 600 metros de tramo), Presiones reguladas (Trigana), etc.

37. Alto Baudó (Chocó):.

Se firmó contrato para la construcción del alcantarillado y el mejoramiento del acueducto urbano, igualmente la construcción de acueductos rurales, algunas obras ya fueron terminadas y se encuentran en funcionamiento las restantes no se alcanzaron a construir ya que los recursos se agotaron, como las realizadas en la cabecera municipal

38. San Antero (Córdoba) :

A la fecha de la visita faltaba bombas para el funcionamiento del acueducto

39. Santa Ana (Magdalena) :

De diez (10) contratos suscritos solo uno se ha ejecutado.

40. Bajo Baudo (Chocó):

Se firmó contrato para la construcción de acueductos en corregimientos del municipio, las obras ya fueron finalizadas, pero en su gran mayoría no se encuentran en funcionamiento.

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Artículo del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla: —————

Bonos Agua: Un Post Mortem

Por: Alberto Carrasquilla

En estos días se perfeccionó la redención anticipada de los llamados Bonos Agua. En la operación, los dueños terminaron

vendiendo sus títulos, con un descuento de aproximadamente el 10% y el Gobierno Nacional, a través de FINDETER, es ahora

contraparte de las operaciones de crédito que los recursos captados a través de los bonos permitieron efectuar con unos 117

municipios del país. Ya se anunció con bombos y platillos, no muy sorprendentemente, que el Gobierno procederá ahora a

ablandar las condiciones pactadas, rebajando las tasas de interés estipuladas en los contratos vigentes, reestructurando plazos

y permitiendo el prepago en condiciones “favorables”. Muñeco ni pintado para elecciones.

Desde su creación —de la cual yo fui parte, junto con profesionales de primera línea en materia de derecho constitucional,

finanzas, derecho público, banca de inversión, auditoría de obra y derecho financiero— los bonos gozaron de la más profunda

antipatía en diversos estamentos del Gobierno Central, no obstante el hecho de que fue y sigue siendo un instrumento

financiero perfectamente apegado a las normativas de toda índole que le son aplicables. Esta profunda antipatía se tradujo en

el incesante ejercicio de lo que en Chapinero llamamos “petardeo”: intentos poco velados, parcialmente exitosos, de arruinar

la subasta a través de la cual se emitieron, cambios posiblemente inconstitucionales en la definición de los recursos fiscales

que los sustentan, cartas amenazando a los alcaldes y concejales que ejercieran su derecho legítimo a pactar créditos por esta

vía, amenazas de la contraloría a una empresa privada de calificación de riesgo si se atrevía a calificar el instrumento de

manera distinta a como el ente de control quería, demandas temerarias ante la Superintendencia de Sociedades y diversos

tribunales, y una avalancha masiva e impredecible de caprichosos requisitos que se iban añadiendo arbitrariamente a cada

paso, elevando costos y exponenciando sinsabores. Por no hablar de atajos aún más sinuosos, tales como la descalificación

soterrada de personas, el cotorreo estratégico y la habladuría sin fundamento.

No vale la pena repasar la carga larga y ancha de documentos que sustentan las anteriores afirmaciones. El petardeo estatal es

cosa de todos los días para el empresariado colombiano y no tengo duda que esta es un historia pequeña al lado de otras. Lo

que si quiero subrayar son tres cosas concretas que se derivan de esta experiencia y que me parecen relevantes en cualquier

discusión sensata que mire hacia el futuro.

Primero, las tasas de interés que pagaron los bonos se definieron en el mercado y si son altas, es precisamente porque los

inversionistas le asignaron, al cabo correctamente, un alto riesgo al petardeo del gobierno nacional, la rama judicial, los

órganos de control etc. Es como si los inversionistas hubieran anticipado el manotazo que, contra el viento y la marea de la ley

y el ordenamiento vigente, les iban a pegar. Si en lugar de petardear, el Estado hubiera aprovechado la afluencia de recursos

privados para un sector crítico y hubiera implementado esquemas que lo enriquecieran, la tasa de interés hubiera sido mucho

más baja y muchos más colombianos tendrían agua.

Segundo, siendo esta una experiencia concreta de financiación de infraestructura a largo plazo a través del mercado de

capitales local, la transacción efectuada, y el proceso que en ella desembocó, constituye una pésima señal en un país que busca,

precisamente, vincular este tipo de recursos de largo aliento para poner su infraestructura a tono con el siglo XXI. Si yo

administrara recursos en cualquier país interesado en invertir a largo plazo en Colombia, miraría con lupa el caso de los

Bonos Agua porque ilustra de manera muy clara la idea de que, si en estos lares tropicales, el instrumento le incomoda a un

estrato de la burocracia suficientemente alto, será condenado sin fórmula de juicio. Los bonos que eventualmente se

estructurarán para pagar las vías y demás obras sonarán racionales a nivel técnico y muy sólidos a nivel jurídico y hasta

merecerán reconocimiento internacional, como sucedió en este caso. Eso importa poco y la experiencia muestra que a la

vuelta de la esquina alguien podrá cercenar impune y gravemente las fuentes de pago y la confianza, así los recursos tengan

origen constitucional y perfecto apego a las normas legales y a la lógica financiera.

Tercero, es muy claro que el mandato de nuestra Carta, en el sentido de definir a Colombia como un Estado unitario pero

descentralizado, es, en la práctica, un espejismo crecientemente diluido. En el caso de los bonos agua se hizo evidente el

profundo centralismo que nos ampara. Bajo el irrespetuoso prurito de que los alcaldes y concejales son ineptos técnicamente,

incapaces de ejecutar obra alguna, o en su defecto, que son personajes estructuralmente corruptos se fue construyendo toda

una leyenda, en el sentido de que el esquema produjo presuntos estragos municipales. La leyenda es muy fácil de controvertir,

dado que el esquema contempló una permanente y costosa auditoría de las obras financiadas que refuta claramente la

presunción, pero ni la contraloría ni el ministerio del ramo, las entidades gestoras de la leyenda, tuvieron interés en llevar a

cabo una discusión mínimamente seria. Aun suponiendo que las auditorías que se contrataron con una prestigiosa firma

privada estén equivocadas, y que la contraloría y el ministerio tengan la razón, resultaría igualmente patético echar a la basura

un esquema de financiación sólidamente concebido, porque las entidades que deben velar por el buen gobierno reconocen —

de hecho, a través de sus acusaciones– ser incapaces, valga la redundancia, de gobernar bien.

Lo cierto es que la tripleta que el Estado resolvió tipificar a lo largo de esta amarga experiencia con los bonos agua, inducir

tasas de interés altas, fomentar la inestabilidad jurídica y ahondar la animadversión hacia la descentralización son realidades

enemigas hondas de cualquier prosperidad.

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