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Análisis constitucional del artículo 4° del decreto 1220 del 2005: Licencia Ambiental Global

Por: Ariana Ospina- Ganadora primer concurso Blogueros del Derecho.

Aunque la legislación ambiental del país ha atravesado por varios cambios, no han sido lo suficientemente profundos como para atacar los problemas actuales de fondo. Las licencias ambientales, reguladas por varias leyes y decretos; actualmente se rigen por el Decreto 1220 del 2005, el cual define las licencias ambientales como un acto administrativo que permite la ejecución de un proyecto que puede llegar a producir modificaciones notorias o considerables al paisaje.

La finalidad de las licencias ambientales no es otra sino la de prever los posibles daños graves que se pueden llegar a causar al medio ambiente. Diríamos a decir que el legislador las concibió como una especie de “mecanismo de protección”. Esto, en concordancia con los mandamientos constitucionales que encontramos, por ejemplo, en los artículos 7, 79, 80, 300, 301 y siguientes. Sin embargo, el artículo 80 superior tiene una especial connotación: coloca al Estado como responsable de planificar no solo el manejo sino también el aprovechamiento de los recursos naturales y la implementación del desarrollo sostenible.

Recordemos entonces que los recursos naturales son los elementos que encontramos en la naturaleza y no pueden ser producidos por el hombre. Así mismo, los recursos naturales se dividen en dos: renovables y no renovables. Entre los renovables encontramos, entre otros, el agua y la madera[1]. Estos se renuevan infinitamente y se encuentran permanentes en la naturaleza. Sin embargo, y para esto se crearon las licencias ambientales, se deben explotar con respeto y permitir los condicionamientos que toleren esta reproducción fija; una mala explotación terminaría en la afectación profunda y probablemente irreparable que culminaría en detrimento y posterior destrucción ambiental. En cuanto a los recursos no renovables, estos tienen una existencia limitada, debido a que solo existe una cantidad cierta en el  ambiente, como por ejemplo, el carbón, el gas natural y el petróleo.

Como se mencionó anteriormente, el artículo 80 de la carta constitucional encomienda el manejo, aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos recursos. Sin embargo, encontramos en el artículo 4to del Decreto 1220 del 2005 una fuerte vulneración a este, y varios mandatos constitucionales. El artículo 4to del Decreto 1220 del 2005 desarrolla el concepto de la licencia ambiental global, el cual enuncia que los proyectos relacionados con minería e hidrocarburos, no solo establece que la autoridad encargada de recibir el plan de manejo ambiental no hará una evaluación previa de la misma, sino que una vez presentada, se podrá dar inicio con las actividades y obras.

En este artículo, no solo vemos una vulneración a la finalidad de la licencia, la cual es prevenir posibles daños, sino también una vulneración completa a los mandamientos constitucionales. El legislador con esta permisividad, desobedece lo enunciado en el inciso segundo del artículo 80: prevenir y controlar factores de deterioro ambiental. Los hidrocarburos son recursos no renovables, y una desmedida exploración de estos elementos no solo contribuye a su rápido agotamiento, sino también a la afectación de los recursos renovables, que aunque bien, la naturaleza los reproduce infinitamente, un impacto grave a su proceso de auto reproducción podría causar un nefasto detrimento del ambiente, alterando el ambiente sano (artículo 79), al igual que el saneamiento ambiental (artículo 49).

  1. Padilla Hernández, Eduardo. Licencias Ambientales. (s.f)
  2. Gómez Sierra, Francisco. 2015.

Ver también en: Análisis constitucional del artículo 4° del decreto 1220 del 2005: Licencia Ambiental Global

 

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