Por: CAMILO ARANGO (@camiloarangoo)
El sistema penitenciario en Colombia viene presentando signos de desgaste hace ya varios años que no han sido debidamente atendidos por el Estado, y mientras hay sectores del congreso que se han propuesto promover el endurecimiento de las penas para la mayoría de los delitos consagrados en el código penal o la creación de nuevos tipos penales para las conductas que en mayor medida afectan la percepción ciudadana de la seguridad, las respuestas institucionales para el fortalecimiento del sistema carcelario no parecen una prioridad en las agendas públicas. El problema no es exclusivo de Colombia. Hay casos muy semejantes en la región como el brasilero, o problemáticas más complejas como las de Honduras o El Salvador, donde el hacinamiento, la incipiente infraestructura y la corrupción institucional hacen imposible su gestión, situación a la que el gobierno nacional no puede permitirse llegar.
El evento que tuvo lugar el pasado lunes en la cárcel de la ciudad de Barranquilla, es de nuevo una alarma para poner la crisis del sistema penitenciario y carcelario en la agenda, porque son varias las causas que se deben atender para que situaciones lamentables como esta no se vuelvan a presentar.
Son varias las problemáticas que aquejan al sistema, donde la más visible y preocupante es el hacinamiento. Las cifras de la Defensoría del Pueblo hablan de un sobrecupo del 58% en las cárceles del país, adecuadas para la atención de un poco más de 75 mil reclusos y que hoy albergan un número cercano a los 120 mil. Con el hacinamiento se hacen más evidentes las deficiencias en materia de infraestructura, pues la mayoría de los centros de reclusión del país no han contado con las refacciones necesarias para su adecuado mantenimiento. De esas deficiencias, es apenas natural que se generen dificultades no solo del espacio físico para la ubicación de los presos, sino las faltas y omisiones del Estado en la prestación de los servicios básicos al interior de los centros de reclusión. Esa situación debe generar igual preocupación pues es imposible dejar de lado el hecho de que aquellos que allí se encuentran recluidos son también sujetos de derechos que, si bien se encuentran privados de su libertad, no por ello están privados de sus derechos humanos básicos que están siendo sistemáticamente vulnerados.
Con fundamento en algunas de estas problemáticas ya fueron ordenados en 2013 los cierres temporales de algunas cárceles en Antioquia y el Valle del Cauca por jueces de la República, que como ocurrió en el caso de la cárcel Bellavista de Medellín, pusieron en evidencia el estado de cosas inconstitucionales denunciado por la Corte Constitucional en sede de tutela. Pero aún queda un tema de reflexión que debería ser central en la agenda, y tiene que ver con la falta de control de parte de las autoridades del INPEC sobre los reclusos, y los abusos y omisiones en los que se pueda estar incurriendo al interior de los penales por parte de agentes del Estado, que resultan en recurrentes fugas de presos condenados por delitos graves. Basta mencionar el caso de la cárcel de El Pedregal en Medellín, que en las últimas semanas ha sido protagonista de la fuga de presuntos miembros de bandas criminales, situación que de acuerdo con la información de varios medios de comunicación, generó además de la destitución de su director una serie de investigaciones sobre funcionarios de la rama judicial que habrían facilitado las fugas.
No es un tema sencillo de gestionar y por ello se tendrá que ser creativo para aportar soluciones oportunas y eficientes. La semana anterior entró en vigor el nuevo código penitenciario que permite a través del reconocimiento del cumplimiento de unos mínimos de la pena, recobrar la libertad u optar por algún beneficio para el cumplimiento de la misma por fuera de los centros de reclusión. Pero la medida a todas luces no será suficiente, y el gobierno nacional tendrá que poner los ojos en las dificultades de la infraestructura carcelaria del país y en las realidades institucionales del INPEC. El caso de Barranquilla no puede ser solo una noticia, debe ser un llamado a la reflexión detallada y a la toma de decisiones por parte de las autoridades. El Estado no puede permitirse más muertes de aquellos que están bajo su custodia.
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