Bajolamanga.co

Publicado el Bajolamanga

Xenofobia de Gobierno

Pocos son los episodios de la historia moderna donde naciones expulsan comunidades enteras en virtud de su nacionalidad. Nulos son los episodios donde el gobierno de los coterráneos expulsados se comporta como testigo pasivo de un éxodo semejante. Ningún gobierno competente del mundo mantendría relaciones diplomáticas con Venezuela bajo las circunstancias que se presentan actualmente en la frontera.

Las imágenes de compatriotas con neveras y colchones al hombro cruzando el río Táchira son solo comparables con los desplazamientos en los años treinta de poblaciones del sudeste asiático ante el avance de las tropas imperiales japonesas. Las acciones del gobierno venezolano arremetiendo con maquinaria pesada contra viviendas de colombianos es similar a la Noche de los Cristales Rotos en contra de los judíos durante la Alemania Nazi. La deficiencia del servicio diplomático colombiano respecto a la situación en la frontera se asemeja a la actuación de la comunidad internacional durante el genocidio de Ruanda.

El gobierno colombiano es el único gobierno del mundo que atiende el desplazamiento masivo de sus ciudadanos desde otro país, producto de una política xenofóbica de gobierno, con notas de protesta pasivas y reuniones bilaterales tardías. Colombia tiene la obligación legal de denunciar las violaciones del gobierno venezolano al artículo dos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de conformidad con el artículo catorce de la misma convención. Además, Juan Manuel Santos tiene el deber de solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares ante la violación del gobierno de Venezuela al artículo quince de la Carta de la Organización de Estados Americanos. También es responsabilidad del gobierno nacional solicitar relatores al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a fin de garantizar que el gobierno venezolano sea sancionado por los hechos ya cometidos. Omitir estas acciones ante los organismos internacionales es convertir al gobierno colombiano en un cómplice de la violación a distintos tratados vinculantes suscritos por parte de Venezuela.

Son de contrastar las gestiones de las distintas entidades del estado colombiano con las víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales por el vecino país. La cancillería colombiana gestiona acarreos de los enseres que pertenecen a los deportados, acolitando violaciones al derecho de un debido proceso en Venezuela. Por su parte el Ministerio Público, en cabeza del Procurador General de la Nación se desplazó a la zona, no a aplicar paños de agua tibia, sino a recaudar evidencia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario y compulsar copias de las mismas a la Corte Penal Internacional.

Toda acción que en adelante tome el gobierno colombiano no solo deberá impedir que el gobierno venezolano continúe empleando políticas sistemáticas de xenofobia, sino que tendrá que estar encaminada a garantizar que los colombianos ya afectados sean verdaderamente reparados. Finalmente, de no adelantar acciones en el ámbito internacional que conlleven a que el gobierno venezolano sea sancionado de forma efectiva por estos hechos, solo se comprobaría que el presidente de Colombia es pusilánime con los países de la región.

Los invitamos a seguir Bajo La Manga en Twitter: @bajo_lamanga y a visitarnos en www.bajolamanga.co

Comentarios