Por: Santiago Silva Jaramillo (@santiagosilvaj)
çEl pasado 26 de septiembre, en el marco del Congreso de Ciencia Política organizado por la Accpol en las ciudades de Cali y Popayán, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Chicago, Stathis Kalyvas, habló sobre los últimos desarrollos teóricos para entender los fenómenos de crimen organizado y guerras civiles, particularmente en los países de Latinoamérica, de científicos sociales del hemisferio occidental.
Decía en su conferencia el profesor Kalyvas que las organizaciones criminales a gran escala del continente han copiado, en buena medida, el accionar de grupos armados ilegales de corte político, y que esta transformación ha creado un actor híbrido –extraño y conocido a partes igual, como un deja vú– que se asemeja a las partes involucradas en una guerra civil.
Kalyvas recordó entonces algunas de las razones –generalmente aceptadas- por las que se producen las guerras civiles, y sobre todo, se originan sus facciones armadas: pobreza, desigualdad, debilidad estatal, rentas fácilmente capturables y un sistema político que puede cooptarse.
Así, en el vacío o la debilidad, aparecen o se nutren las fuerzas insurgentes –o criminales o bandoleras, no importa- que se apropian de las rentas, reclutan a los hombres y mujeres y cooptan el poder político o lo amedrentan. Y en ese lugar, la fuerza armada ilegal se constituye en un Estado paralelo, en una mímica atroz e ilegítima de las instituciones: cobra impuestos, imparte justicia y provee seguridad, en ocasiones, con una efectividad que muchos estados modernos envidiarían, y que muchos ciudadanos terminan por apreciar.
Al final, continuaba Kalyvas, la aproximación más sensata –y de las pocas que han dejado algunos resultados positivos en este tipo de conflicto- se sustenta sobre la idea de «construcción de Estado»; esto es, en la creación, fortalecimiento y legitimación de la institucionalidad legal central de un país en los lugares del territorio que, en su ausencia o debilidad, han caído en manos de criminales, bandoleros o guerrilleros.
El asunto es que Colombia ha tenido una experiencia apegada a la doctrina de la «construcción estatal» que aunque tuvo moderados éxitos, ha sido abandonada paulatinamente por los políticos y los generales, la Política Nacional de Consolidación Territorial.
En el fondo, Consolidación entendía que la lucha del Estado colombiano contra las fuerzas armadas ilegales en los territorios no podía quedarse en la acción coactiva, sino que debía, por un lado, debilitar estructuras y recuperar la seguridad pública, mientras proveía servicios institucionales y públicos, y competía por las lealtades locales de actores políticos, económicos y ciudadanos.
Lo interesante no es saber algo que ya sabíamos, sino recordar que las herramientas necesarias están a la mano porque, en parte, ya lo estamos haciendo. Lo importante sería una ampliación de esta apuesta a las puertas de un escenario de post-conflicto, en el que, de nuevo, las condiciones para la generación de nuevos conflictos, y la hibridación de viejos actores aumentan.
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