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Participar en política

Por: ANDRÉS PRECIADO (@andrespreciado3)

Nuestro sistema posee la peculiar tendencia a creer que cuando ciertos problemas escalan a niveles de poner en peligro las bases democráticas de entendimiento político, la solución tiene que se prohibir las acciones que generan dichos problemas, bajo el supuesto que la prohibición las acaba inmediatamente.

Esto fue en términos generales lo que pasó con la participación en política para gobernantes y funcionarios públicos en Colombia. Todos tenemos claro que en una contienda electoral un funcionario o gobernante en función tiene una ventaja comparativa que le permite sacar provecho de su posición contra los demás aspirantes. Esto sucedía y sucede en el país con frecuencia y por eso amerita regulación. La fórmula legal que se creó fue la prohibición absoluta de participación en política a funcionarios y gobernantes en ejercicio.

Particularmente considero que la prohibición en el nivel técnico, es decir en la escala de funcionarios públicos que están vinculados a carrera administrativa y realizan su vida laboral en una entidad del Estado, es acertada. Estoy plenamente de acuerdo con que se impida su participación en política, de la misma manera que se impide la de los militares, ambos grupos tienen una localización laboral y unos instrumentos a disposición que sin lugar a dudas van a desbalancear una contienda electoral en caso de entrar en ella de manera agrupada.

Lo que si me parece algo descabellado es pensar que un presidente, un gobernador, un alcalde, ministros, secretarios de despacho y gerentes de entes descentralizados, siendo en esencia políticos en ejercicio, esa es su profesión, se puedan alejar de la política simplemente porque una ley lo exige, incluso cuando eso es lo único a lo que se han dedicado en la vida.

En ese aspecto creo que la regulación es ingenua y alejada de la realidad política. Es preferible habilitar la participación directa y pública con las salvedades que tiene, por ejemplo, el presidente candidato. De entrada existen las restricciones de ley de garantías y demás órganos de control del gasto para verificar que no se destinen recursos públicos a campañas, por qué no pensar entonces en la posibilidad de habilitar la participación reglada en política y acabar con ese sistema perverso de prohibición legal y ejercicio soterrado, por debajo de mesa, pero ante el conocimiento de todo el país que sabe que ocurre.

Habilitar legalmente algo que en la práctica pasa sin restricciones ayudaría a ejercer control público sobre los apoyos que el gobernante da, de la misma manera en que podría crecer la responsabilidad política que le cabe a toda persona que apoya a alguien que finalmente realiza un mal gobierno.

Esta publicidad de apoyos políticos debería extenderse a empresas y personas jurídicas. Sabemos que ponen plata en las elecciones de manera oculta, muchas veces incluso a todos los candidatos de una misma contienda. La ley restringe este tipo de financiaciones y además tiene topes irrisorios a las campañas, se ha hablado incluso de asumir con dineros públicos el total de su costo, lo que cual es poco probable en el país.

Hacer públicos esos apoyos de parte de empresas y medios de comunicación es una forma de saber cuáles son las configuraciones de poder que se tejen tras los candidatos en contienda. Cuando uno elije a un gobernante, vota también por el equipo que lo soporta y apoya, flexibilizar la legislación en materia de participación en política hará que por fin conozcamos cuales son los miembros de esos equipos y quiénes son los pesos pesados de esos apoyos.

 

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