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Otro tema olvidado del paramilitarismo

Por: SEBASTIÁN DÍAZ LÓPEZ (@sebastiandiazlo)

Don Porfilde Galván Guerra, un campesino del Urabá antioqueño, falleció el 2 de junio de 1993. Misteriosamente, el 15 de mayo de 2005 resucitó de entre los muertos para conferirle un poder especial a Fabían Darley Roldán Villa para que negociara con Humberto Atehortúa Salinas, ambos lugartenientes de Fredy Rendón Herrera- alias “El Alemán”- su finca La Paz, de 37 hectáreas.

Esta es una de las más de 800 denuncias indignantes que hoy aparecen en la Oficina de la Unidad de Restitución de Tierras de Medellín, que agiliza las investigaciones sobre el despojo de tierras por parte de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en su arremetida en el noroccidente de Antioquia cuando a punta de plomo y motosierra quisieron acabar con las guerrillas y con todo lo que les oliera a izquierda.

Pero este es un asunto que apenas empieza a mostrar su dimensión catastrófica en lo social, humanitario, económico y estatal. Y digo apenas porque años después, y gracias a investigaciones de la Fiscalía y varias ONGs, se ha empezado a desenredar la telaraña de corrupción de varias instituciones del Estado que actuaron en contubernio con los paramilitares y, en menor medida, con las FARC.

Algunas notarías de Antioquia junto con el Incora (hoy Incoder) adjudicaron más de 42 mil hectáreas del departamento a los lugartenientes de varios jefes paramilitares, legalizando de esa manera la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del desplazamiento forzado.

El conflicto agrario en Colombia ha sido uno -si no es el principal- de los puntos  que han generado la expansión de las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares. Bajo la intimidación con fusiles y masacres, los grupos armados ilegales les arrebataron las tierras a miles de campesinos, que a cifras del 2012 del Ministerio de Agricultura ascienden a 683 mil 765 hectáreas que reclaman del país.

Quienes no fueron asesinados y sobrevivieron a la desgracia del desplazamiento, los obligaron a vender cada hectárea de su terreno hasta por 50 mil pesos a los mismos que los despojaron,una práctica usual de los paramilitares, pues hoy sabemos que la tierra era en su principal botín de guerra para consolidar su poderío y así tener el control de las rutas de narcotráfico y disfrutar de, por ejemplo, las ganancias de la ganaría y agricultura de la zona.

La “paraeconomía”  ha sido menospreciada por el Estado, el mismo que lleva años prometiéndole una vida digna a las millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Gran parte de la culpa también la tenemos los medios de comunicación, que hemos olvidado incluir este contenido en nuestra agenda (el portal Verdad Abierta ha sido uno de los pocos que se le ha medido al tema para conocer la estructura política y económica con la que ciertos ganaderos y empresarios palmeros, mineros y bananeros adquirieron sus predios).

Para agravar la situación de estos campesinos, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no avanza, mientras aumentan las reclamaciones. Solo en 2013 se registraron 34.000 solicitudes, de las cuales resultaron 24 sentencias de los Jueces de Tierras.

Con seguridad un número significativo de personas, inclusive empresarios extranjeros, compraron esas hectáreas inocentemente, pero el tema radica en detectar quiénes, sabiendo la procedencia de ellas, se valieron de tretas para adquirir los títulos fraudulentos.

El Estado tiene la obligación de solucionar el problema de las víctimas que aún reclaman sus terrenos, y la justicia el deber de actuar frente a los victimarios y sobre los entes de control, que permitieron semejante fraude como es el caso de la gran mayoría de los propietarios de esos predios, que hoy posan como respetados hacendados y empresarios, pero están curtidos por la impunidad.

 

Entre comillas: el presidente Santos dijo a finales de la semana pasada que esta ola de calor (o Fenómeno del Niño), que está haciendo estragos en la costa atlántica colombiana, es apenas el abrebocas de lo que le podría causar al país a partir de octubre. Qué bueno que lo sepa e informe 3 meses antes para que no le suceda lo de la ola invernal de 2010, qué bastante le aguó sus planes, dejó a miles de familias en la calle y a los colombianos sin explicación presidencial.

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