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Cursos básicos para congresistas y ministros

Por: Manuela Restrepo (@manurs13)

Por el bien de nuestras instituciones, de nuestro desarrollo, de nuestra economía y, sobre todo, de nosotros como colombianos que vivimos bajo la normatividad creada desde el Congreso de la República, propongo, con el único objetivo de formación (y de evitar más ridículos), que se den algunos cursos de teoría del Estado, derecho constitucional, y teoría y práctica de los derechos humanos a los honorables legisladores y al gabinete presidencial en general.

No será necesario que sacrifiquen muchas de las horas de arduo debate en estos cursos, ni siquiera una mínima parte de sus seis meses de vacaciones, sólo bastará con unas cuantas clases en las que se les recuerde cuál es su función y cuál es el modelo de Estado que deben salvaguardar; simplemente algunas horas donde se traten temas como fundamentación de los derechos humanos, independencia de las ramas del poder público, poder constituyente primario y secundario, creación del estado moderno y Estado Social de Derecho serán suficientes para que recuerden por qué están ahí y hacia donde deben dirigir sus esfuerzos.

Es imposible defender el hecho de que nuestros dirigentes no sepan que  la Constitución es la Carta Magna y que es la expresión de los valores que son reconocidos por un pueblo como indiscutibles, que esta plasma el modelo de Estado que debe ser respetado en un territorio definido, porque es el que se compadece con los ciudadanos que lo habitan y que su reforma sólo debe responder a cambios sustanciales  que se den en la visión del deber ser. La Constitución no es  ni un reglamento ni mucho menos una colcha de retazos, donde cada dirigente plasma su interés por los cuatro próximos años. La Constitución debe tener, sobre todo, espíritu de permanencia.

Y es que no es posible que en tan solo 10 años hayamos pasado de no querer reelección presidencial, a querer reelección presidencial y a no volver a querer reelección presidencial. No somos una sociedad tan dinámica, de eso estoy segura. Como tampoco es posible que en cada legislatura se discutan temas fundamentales para la construcción del Estado como el sistema electoral, la independencia entre las ramas del poder y el sistema político y que cada cuatro años se pretenda reformar la constitución con vías completamente opuestas para escabullirnos de la corrupción y las maquinarias. No podemos seguir jugando al ensayo y error.

La “reforma al estado” como fue llamada por el presidente la última propuesta de reforma constitucional radicada en el Congreso el pasado miércoles, no es para nada asertiva y no busca acabar de fondo con los males de nuestra política y nuestra administración pública; es sin lugar a dudas una más de las pruebas, muy amañada a los intereses del gobierno, que terminará en error. El interés primordial que fue aducido por el ejecutivo de equilibrar las balanzas de las tres ramas del poder, se ve menguado en tanto se analiza cómo quedarían resueltas las elecciones del contralor y del procurador;  la Casa de Nariño sería quien definiera por interpuesta persona en el caso del contralor y directamente en el caso del procurador.

Por otro lado, las ventajas y desventajas de eliminar el voto preferente no han sido analizadas a profundidad, siendo entonces esta una propuesta apresurada en un sistema político como el nuestro que se debate entre en caudillismo y las maquinarias personalistas. No se entiende muy bien cómo se protegerían las minorías ni el voto de opinión, ni cómo se le daría cabida al relevo generacional, tan indispensable en nuestra política. De la misma forma, la discusión sobre el nuevo modelo de elección del senado deja de lado las dificultades que esto supone en materia de educación electoral y no termina de resolver la problemática de acceso a la cámara alta de todas las regiones del país.

Pero, sin duda, el mayor adefesio de esta reforma constitucional sería la eliminación de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por parte de los legisladores. No faltaba más que además de la mermelada que se tiene en el Congreso, algunos de estos personajes de tan dudosa reputación pudieran optar también por llenar sus arcas a costa de las inversiones realizadas directamente desde el ejecutivo. ¿Qué objetividad o independencia se podría tener si se legisla para los intereses de una región al mismo tiempo que se ejecuta el presupuesto de dicha región? ¿Y si en este momento no asisten a las sesiones del Congreso, cómo será cuando tengan dos trabajos? Ahora si al trasto el relevo generacional con los mismos haciéndolo todo en todo el país.

Mi invitación es a que tanto el gobierno como los legisladores se tomen su tiempo para debatir esta reforma, se piense y se discuta como es debido, se le añada el articulado necesario para hacerla trascendente y valiosa y se elimine aquello que no pretende más que el beneficio de intereses particulares. Esto con el fin de que sea una reforma definitiva, que lo que allí se plasme se compadezca con la escala de valores del pueblo colombiano y sobre todo, que logre durar más de cuatro años.

 

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